La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje en democracia y empezó a trabajar en diciembre de 2016 tendrá el miércoles su última sesión. En ella se tratará el informe final, redactado por el presidente de la comisión –el diputado comunista Gerardo Núñez– y que expresa la posición de los integrantes oficialistas de ese organismo. El informe señala que en casi dos años de trabajo se cursaron 167 invitaciones a concurrir ante la comisión para declarar y contribuir con la investigación; la mayoría a miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y servicios de inteligencia. 75 de esas personas, en gran parte integrantes del Ejército, declinaron asistir.

Por otra parte, en el documento se destaca que la comisión no tuvo “acceso pleno” al denominado “Archivo Castiglioni” –60 cajas con información, incautadas en la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni–, ya que el Poder Judicial “no lo habilitó por encontrarse en fase presumarial”. No obstante, se consigna que la comisión sí pudo acceder por completo al “Archivo Berrutti” –mucho más extenso, ya que consta de cerca de tres millones de documentos–, que había sido solicitado al Archivo General de la Nación y fue “de vital importancia por aportar sustento documental a la investigación”, y para confirmar las hipótesis de trabajo que motivaron la conformación de la comisión.

Conclusiones

El informe concluye que la comisión recogió pruebas suficientes –“documentales y testimoniales”– que permiten “afirmar que hubo espionaje ilegal en democracia contra la totalidad de los partidos políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, entes del Estado, el Poder Ejecutivo, personalidades, periodistas, integrantes del Poder Judicial y empresas”. Además, se sostiene que esas prácticas “no fueron hechos aislados”, sino que “obedecieron a una acción sistemática y planificada, que se prolongó en el tiempo”, al menos de 1985 a 2005, y que involucraron “a gran parte de la estructura de los servicios de Inteligencia del Estado”, constituyendo una de sus “direcciones de trabajo”.

El cuarto punto de las conclusiones indica que el espionaje ilegal se llevó adelante “mediante la utilización de fuentes cerradas para acceder a la información”, es decir que “se realizaron escuchas y grabaciones de conversaciones en locales partidarios y sindicales, infiltración y pago de informantes, allanamientos clandestinos de casas de las víctimas o de locales partidarios y sindicales, seguimientos, presiones y operaciones encubiertas”. Además, se asegura que hay documentos y testimonios que dan cuenta de que varios agentes de inteligencia policial y militar, junto a funcionarios de la cancillería, “desarrollaban tareas de espionaje en condición de colaboradores o de dobles agentes al servicio de la embajada de Estados Unidos en Uruguay a través de la CIA”. Se subraya que esto implica “un hecho de enorme gravedad, que afecta nuestra soberanía e incluso erosiona la defensa nacional”.

Recomendaciones

El informe aconseja a la Cámara de Diputados que se apruebe un proyecto de resolución en el que se recomienda, entre otras cosas, pasar “toda la documentación recabada, los testimonios y las conclusiones” a la Justicia, para “contribuir a las causas que ya están siendo investigadas” y “profundizar en la investigación”, a fin de establecer “la posible comisión de delitos y delimitar responsabilidades” en estos.

También se propone “realizar una clara e inequívoca condena política, por parte del Parlamento, y recomendarla también al Poder Ejecutivo, habida cuenta de que estas prácticas, de enorme gravedad, implican un ataque a la Constitución, a la democracia, la libertad y a los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos”. Por añadidura, se sugiere recomendarle también al Poder Ejecutivo la realización de “investigaciones administrativas en todos los ministerios y dependencias implicadas [en los procedimientos ilegales identificados], para profundizar y establecer responsabilidades sobre quiénes desarrollaron espionaje ilegal en dichas instituciones, buscando a su vez asegurar la no continuidad de estas prácticas”.