“Yo no usurpé nada ni robé nada”, fue lo primero que dijo la señora cuando la apuntaron las cámaras y luces de la prensa. Stella Maris Giménez Rodríguez contó que compró una casa por 100.000 pesos, con un primer pago de 60.000 y cuotas de 5.000. La casa está ubicada a una cuadra de Aparicio Saravia y San Martín, en el asentamiento Los Palomares, en Casavalle, de donde ayer de noche la desalojaron.
“Caí como boba, por mi ignorancia. Lo reconozco. Y ahora estoy siendo desalojada, con un hijo discapacitado de 28 años y dos nietos, de tres y cuatro años. Momentáneamente me voy a un lugar que me cedieron, en La Comercial, pero no es como tener lo de uno”, dijo Giménez a la luz de las cámaras. Contó que le compró la casa a otra mujer, a la que contactó por Facebook, y que firmó un papel. Un periodista le preguntó si fue en presencia de un escribano. “No, acá no existe eso”. Al final, expresó lo que sentía ante la situación que estaba viviendo. “Es una porquería. Todo es prensa, política e ainda mais. Yo soy una mujer trabajadora, nunca le toqué nada a nadie. Me dijeron que había comprado una casa copada y que a la persona que había vivido ahí la habían sacando con un bebé de tres meses, a punta de pistola. Lo lamento mucho porque soy una laburante. Pero bueno, este es el país de la joda”, finalizó la señora, visiblemente enojada.
Minutos antes, cuando todavía no había caído la noche, a una cuadra –al lado de la Seccional 17ª, de donde empezaban a salir policías, refuerzos de la Guardia Republicana y efectivos del PADO–, el sociólogo Gustavo Leal, director de Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, explicó a la prensa que las personas que tenían que desocupar sus hogares vivían en casas que fueron desalojadas en diciembre “por la fuerza, a punta de pistola”. El jerarca señaló que en esas casas había tanto personas que despojaron directamente a otras o que estaban “usufructuando o beneficiándose de esa situación”. A quienes fueron desalojados por la fuerza, el Estado los protegió, indicó Leal: fueron relocalizados como testigos protegidos en otros lugares, e hicieron denuncias contra quienes los expulsaron y también contra quienes se instalaron en las casas. “Hubo gente que desalojó y dejó a personas de su confianza, o que vendió. Algunos usaban su ropa, se sacaban fotos y las subían a Facebook”, sostuvo. En el procedimiento, en el que también participó personal de Policía Científica, se hizo un registro de todo lo que había en las viviendas, porque a la mayoría de los expulsados en diciembre les dijeron “tenés 20 minutos, te vas”, sin darles tiempo para que se llevaran nada.
Así las cosas, siete personas fueron condenadas por “usurpación, hurto de energía y hurto de agua potable”, explicó Leal. Una de las siete fue condenada con prisión, mientras que las otras seis aceptaron dejar sus casas y que se labrara un acta, entregando las llaves (una escribana de la Jefatura de Policía de Montevideo recorría el lugar con la Policía). Minutos antes de que Stella Maris declarara ante la prensa, había firmado el acta correspondiente y hecho entrega de las llaves: la Policía la eligió para hacer el tramite “simbólicamente”, ante las cámaras. Leal explicó que, tras estos procedimientos, las seis personas condenadas sin prisión “se tienen que ir de la zona y no pueden volver a ingresar” por seis meses. “En el acta que firman tienen que declarar el lugar donde van a ir a vivir, y mañana [por hoy] se tienen que presentar en la seccional correspondiente a la zona de su nuevo lugar de residencia”, indicó el jerarca. Por último, señaló que la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida mantendrá un monitoreo de la conducta de esas seis personas, y que si alguna de ellas comete una infracción o delito”, cae el acuerdo, y se enfrentará de vuelta al juez, que decidirá, probablemente, que vaya a prisión”.
Operativo policial, ayer, en Casavalle.
Foto: Federico Gutiérrez
“Está mal, porque quieren sacar a la gente y hay niños. ¿En dónde los meten? ¿En la calle?”, dijo a la diaria una muchacha que estaba junto a varios jóvenes, todos criados en Los Palomares, viendo todos los movimientos de la Policía. “Acá nunca se pagó ni luz ni agua. Nunca pusieron un contador. ¿Cómo quieren que paguemos agua y luz?”, dijo otra joven. Un muchacho aseguró que estaba esperando una respuesta de Leal, para ver cómo van a “arreglar todo”. “Ellos tienen hijos también, ¿no? ¿Sabés qué feo que es que te digan que te tenés que ir? En 24 horas no planeás una mudanza. Y está mal que no puedan pisar el barrio por seis meses. La gente tiene la familia acá”, señaló otra muchacha. “Todos los días inventan algo nuevo. Hurto de agua potable. ¿Vos escuchaste eso alguna vez?”, preguntó un joven.
La noche seguía su curso. El procedimiento policial también. Un señor estaba sentado fuera de su casa mientras uno de sus nueve nietos jugaba con él. “Esto lo sabe todo el mundo, pero ¿usted se va a meter?”, dijo acerca de las expulsiones de diciembre. “No puede meterse. Con la fuerza mayor nadie se mete”, agregó. Cuando se le preguntó quién es esa fuerza mayor, contestó que todos lo saben, y que es igual de fuerte que esa que estaba entrando con chalecos y armas. Sobre si hay violencia en el barrio, el vecino contestó: “Fíjese la cantidad de muertos que hay, y se da cuenta. No es necesario ni preguntarlo”.