La jueza penal de 25º Turno, María Noel Tonarelli, citó para hoy a más militares retirados indagados en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el centro de detención clandestino de La Tablada, durante la dictadura cívico-militar. El caso contiene múltiples denuncias de tortura, abusos sexuales y desapariciones a partir de 1977, en donde funcionaba el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). El lugar está actualmente cautelado por una decisión judicial de “no innovar”, debido a que existe la presunción de que además hubo enterramientos de cuerpos en los alrededores. La jueza había citado a declarar el martes a cuatro indagados, entre ellos el civil Jorge Charleta Gundelzoph, ex militante del Partido Comunista que pasó a colaborar con la represión. Los otros fueron el teniente Jorge Grau Olaizola, el capitán Robert Terra do Campo y el teniente coronel Gustavo Adolfo Taramasco.

Sin embargo, sólo concurrió a declarar el ex militar Enrique Uyerhoeven Castiglioni, alias “Ulises”, cuya abogada presentó un escrito alegando que ya prescribió el delito por el que es indagado su cliente, y pidió la suspensión de la audiencia hasta que se resuelva lo anterior. No obstante, Tonarelli decidió continuar con la audiencia e interrogar al ex militar, quien por recomendación de la abogada se “eximió de declarar”.

El abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, destacó que la jueza haya optado por continuar la audiencia, ya que “hay otros jueces que ante la misma situación inercialmente suspendían la audiencia a la espera de que volvieran los expedientes del Tribunal de Apelaciones”.

Hoy debería concurrir a declarar un ex militar de apellido Islas, que operó en OCOA bajo el alias “Isidoro” y que es señalado por varios testigos como responsable de torturas y abusos.

En cuanto a los indagados que no asistieron el martes, Chargoñia dijo que la jueza ya dispondrá la conducción mediante la Policía, como ocurre con cualquier otro indagado que no se presenta a declarar ni explica por qué no lo hace. Ese procedimiento se aplicaría a Gundelzoph y Grau, ya que se estima que Taramasco falleció, y Torres se excusó, por medio de su abogado, porque está internado tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Chargoñia explicó que la conducción policial a declarar de un indagado “no es lo habitual” en los procesos que investigan crímenes de lesa humanidad del pasado reciente, pero el fiscal especializado en estas causas, Ricardo Perciballe, pidió recientemente ese procedimiento para ex militares que no concurrieron a declarar en el juicio que investiga torturas y abusos a niños y adolescentes en un cuartel de Treinta y Tres.

“La práctica viciada, la habitual, es la excesiva tolerancia a situaciones como esta. Cuando el ciudadano no comparece no hay que disponer otra citación, hay que disponer la conducción por la Policía. En estos casos, lo habitual es volver a mandar una citación, el indagado vuelve a no comparecer y recién en una tercera oportunidad se dispone la conducción”, expresó Chargoñia.

El abogado dijo que la situación de estancamiento en la que se encuentran las investigaciones de crímenes de lesa humanidad del pasado reciente se debe a que existe “un bloque político de la impunidad” que no tiene interés en revisar esos hechos. Opinó en forma personal que ese bloque no sólo está integrado por los partidos tradicionales, sino también, y “desde hace mucho tiempo”, por “sectores del Frente Amplio”. “Si no, no se explicarían adecuadamente las dificultades que tenemos en lograr la aplicación de la justicia”, concluyó.