La participación de los dos ministros del Tribunal de Cuentas (TC) que integran el Partido Nacional (PN) en una actividad del Instituto Manuel Oribe, de esa colectividad política, generó molestia en los integrantes del organismo de contralor que pertenecen al Frente Amplio (FA).

Ayer de mañana, el hotel NH Columbia de la Ciudad Vieja fue el anfitrión del seminario “Combate a la corrupción: revalorizar la labor del Tribunal de Cuentas de la República”. La actividad, organizada por el Instituto Manuel Oribe, una suerte de think thank programático herrerista, se abrió a las 9.00 con mensajes de bienvenida del presidente de esta institución, Jorge Egozcue, y del ex senador Ruperto Long, y se cerró cerca de las 13.00 con una exposición del también ex senador Francisco Gallinal. Ambos ex legisladores se desempeñan actualmente como ministros del TC en representación del PN. Además, hablaron en el encuentro otros tres funcionarios del tribunal: Jorge Rodríguez Pereira, director de contrataciones; y Jorge Maeso y José Luis Vera, del departamento jurídico. Este último fue, además, el candidato a presidente que presentó el Partido de la Concertación en las elecciones de 2014, una mera formalidad para que esa coalición pudiera presentarse en las departamentales de Montevideo al año siguiente.

“Obviamente hay una molestia”, se limitó a declarar el ministro del TC León Lev, cuando fue consultado por la diaria acerca de la participación de Gallinal y Long en este seminario. El jerarca dijo que no agregará más comentarios hasta que estudie la situación en detalle. “Cuando se dilucide, veremos si corresponde [hacer] algo”, finalizó.

Otra ministra del TC designada por el FA, Diana Marcos, dijo que hace ocho años que integra el cuerpo y nunca participó en actividades partidarias. “Como ministra del TC no participo en una actividad promovida por un partido político, sea cual sea, porque entiendo que no tenemos que participar en actividades que realizan los partidos políticos”, aseveró.

La objeción central de algunos de los ministros frenteamplistas es que la participación de Gallinal y Long en el seminario podría estar violentando el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República, que establece que determinados jerarcas públicos, entre ellos los miembros del TC, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. Ese artículo, sin embargo, agrega de inmediato que “no se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”.

Otros integrantes del TC informaron a la diaria que la presidenta de ese organismo, Susana Díaz, desistió de participar en el encuentro cuando vio que había sido incluida en el programa inicial.

En diálogo con la diaria, Gallinal defendió su participación en el evento y aseguró que los ministros del organismo no tienen ningún “impedimento” para intervenir en una “actividad académica referida al TC, a su alcance y a cómo hacer más eficiente su trabajo”.

“Los principales panelistas fueron administrativos o técnicos de primer nivel del TC. De la mayoría de ellos conocemos su trayectoria política, pero accedieron a participar. No hay duda de que se trató de una actividad académica que está muy lejos de ser una actividad política. Pueden estar tranquilos de que se respetó la Constitución, por lo que no hay motivos para sentirse molestos”, argumentó el ex legislador.

Por otra parte, Gallinal confirmó que Díaz desistió de intervenir en la actividad: “Hubo un error de quienes organizaron el evento; anunciaron su presencia sin consultarla, y luego ella declinó participar cuando la invitaron”.

Casos anteriores

El organismo competente para determinar si los jerarcas del Tribunal de Cuentas violaron el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución es la Corte Electoral. En lo que va del actual gobierno, la Corte ya se expidió dos veces en casos similares, y en ambos desestimó que se hubiera violado la norma en cuestión. Primero fue tras una resolución del Senado que, por mayoría absoluta, resolvió poner a su consideración la participación del director de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Borsari, en una actividad en la departamental nacionalista llevada a cabo en noviembre de 2015, sobre la que informó la diaria. En el otro se caso trató una denuncia realizada por el Partido Colorado (PC) contra el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, quien en una entrevista concedida al semanario Crónicas no descartó la posibilidad de ser precandidato presidencial. El caso de Borsari fue archivado por falta de pruebas, mientras que en el de Bergara la Corte no compartió las apreciaciones que había realizado el PC.