La Cámara de Representantes terminó ayer la votación en particular del articulado de la Rendición de Cuentas. La sesión de ayer se destinó a discutir el presupuesto de los organismos del artículo 220 de la Constitución, y el debate se centró principalmente en la situación de la educación y en la relación entre el gobierno y el Poder Judicial.

“El Poder Judicial es claramente soslayado por el gobierno del Frente Amplio (FA) una vez más en las previsiones presupuestales”, se quejó el diputado nacionalista Pablo Abdala. Aseguró que se niega a ese organismo presupuesto para capacitar a los magistrados en derechos humanos, para fortalecer los centros de mediación y para cumplir la ley integral contra la violencia de género. “Hay un desconocimiento de los órganos de contralor y jurisdiccionales” y una actitud “de enorme irresponsabilidad del gobierno”, sentenció. El diputado colorado Conrado Rodríguez coincidió en que el FA aplica “una política de debilitamiento de los órganos de contralor y de los órganos jurisdiccionales”.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti contestó que en 2005 hubo un “aumento histórico” de 40% de la masa salarial del Poder Judicial, y recordó que en esta rendición se destinan 800 millones de pesos para cumplir el acuerdo salarial con los funcionarios judiciales este año. Concluyó que no puede decirse que los gobiernos del FA no hayan dado recursos para el Poder Judicial. Además, acotó que 25% del pedido presupuestal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se destinó a salarios vacacionales, un beneficio “que no tienen los funcionarios de los otros dos poderes”. Además, Asti recordó que esta rendición no prevé incrementos presupuestales, salvo para la educación, y que la Administración Central incluso achica sus recursos.

La oposición cuestionó en particular al FA por impulsar la ley integral contra la violencia de género y luego no darle al sistema judicial los recursos necesarios para aplicarla. Recordaron que la SCJ pidió 630 millones de pesos para implementar la norma, y la Fiscalía General de la Nación solicitó 300 millones de pesos, y que no se asignaron recursos para estos fines.

En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas aprobado ayer se establece una partida de 25 millones de pesos para las tobilleras electrónicas, 20 millones para subsidios de vivienda para mujeres en situación de violencia de género, 30 millones para la atención a víctimas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y 5 millones de pesos destinados a realizar campañas de bien público sobre el tema.

“[A la Suprema Corte de Justicia] no le dimos un peso para esto. A la Fiscalía General de la Nación tampoco se le da un solo peso. En este proyecto de ley estamos retrocediendo con relación a la violencia de género: como dijo la intersocial feminista, [la ley integral] es una cáscara vacía”, afirmó Abdala. La diputada nacionalista Graciela Bianchi, que no votó la ley integral, se refirió a la “gran hipocresía” del FA. “Hacen grandes discursos, acusan a la Suprema Corte [de Justicia, SCJ] de machista” y no dan recursos para aplicar la ley, sostuvo.

Por otra parte, en el articulado del Poder Judicial, el FA votó en contra –y por lo tanto no se aprobó– de un artículo que autorizaba a la SCJ, “previa consulta al Archivo Histórico Nacional”, a “la destrucción de expedientes judiciales en papel o su transferencia al mencionado Archivo”. El artículo se había incluido a pedido de las autoridades judiciales, que ya no tienen lugar donde almacenar la documentación.El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez argumentó que si bien reconoce el problema de espacio y se le debe dar una solución, la redacción del artículo no conformaba a la bancada oficialista. Remarcó que hay que ser cuidadosos porque se trata de un archivo “valioso para los investigadores y para la sociedad”.

Luego se discutió el articulado de la Administración Nacional de Educación Pública y sobrevino un largo debate sobre el estado de la educación. Las promesas del gobierno del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, los resultados educativos y los liceos públicos de gestión privada fueron algunos de los ejes del debate.

Bianchi dijo que Uruguay tiene la tasa más alta de deserción en educación secundaria de toda América Latina y comentó que puede estar de acuerdo en destinar el 6% del PIB para la educación, pero que “primero hay que presentar un proyecto”. El diputado frenteamplista Sebastián Sabini cuestionó que se hable de “fracaso” de la educación y consideró que los jóvenes de hoy tienen “muchas más posibilidades que antes” en materia de acceso. El frenteamplista Enzo Malán destacó el descenso de las tasas de repetición en Primaria y la ampliación de la cobertura en educación inicial. En tanto, el diputado Walter Martínez, de Unidad Popular, opinó que el gobierno “le da más plata a UPM y a las PPP [proyectos de participación público-privada] que a toda la educación pública junta”.