Al cierre de esta edición, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas seguía votándose en la Cámara de Representantes. La discusión del articulado, en particular, continuará hoy. La oposición acompañó algunas disposiciones y rechazó otras. Como es habitual en las últimas rendiciones de cuentas, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, propuso una cantidad considerable de aditivos que sólo votó él; en algunos casos, se trató de iniciativas que surgieron del sindicato de Aduanas y del sindicato de Casinos.
Al momento de discutir el capítulo sobre funcionarios públicos, el diputado nacionalista José Luis Satdjian cuestionó al gobierno por no cumplir con la cuota del 4% para personas con discapacidad en los cargos del Estado. Indicó que el porcentaje de cumplimiento de la norma osciló entre 0,33% y 1,3% entre 2010 y 2017, y sentenció que el discurso “de los abanderados de la sensibilidad social” –en referencia al Frente Amplio (FA)– es “una mentira”. El diputado frenteamplista Alfredo Asti respondió que a veces falta “infraestructura esencial” para aplicar la ley.
Uno de los puntos polémicos ayer fueron los artículos 82 y 83. El primero establece que cualquier medida de utilización de dispositivo electrónico de protección a víctimas (como las tobilleras) “deberá contar previamente con un informe técnico favorable respecto a su efectividad y viabilidad”, y que la medida de protección cesará si la víctima incumple una serie de obligaciones. El segundo disponía, en el proyecto original del Ejecutivo, que “sólo podrá decretarse como medida de protección una custodia personal [...] previo informe del Ministerio del Interior favorable respecto a la efectividad y viabilidad de tal medida”. En Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda se modificó la redacción, estableciendo que se requerirá un informe previo de evaluación del riesgo “presentado por el Comité de Evaluación del Riesgo del programa integrado por el Fiscal actuante en el caso, el Oficial del caso (Ministerio del Interior) y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación”.
El Partido Nacional pidió el desglose de estos artículos para discutirlos en comisión, pero el FA desestimó la solicitud y aprobó las disposiciones. El colorado Conrado Rodríguez opinó que la formulación de esos artículos es “totalmente inconveniente”. “Se está supeditando una medida establecida por la Justicia a la resolución de otro poder del Estado. Esto puede llegar a afectar algunas competencias, incluso constitucionales, del Poder Judicial”, advirtió. Por su parte, Iván Posada, del Partido Independiente, recordó que el Código del Procedimiento Policial establece en su artículo 32 que toda víctima “tiene derecho a recibir la adecuada protección por parte de las instituciones del Estado”, y valoró que los artículos aprobados ayer derogan esta disposición. “Es un tema grave”, advirtió, y consideró que “hubiera sido necesario recabar asesoramiento”. El diputado frenteamplista Pablo González defendió el articulado y remarcó que “no excluye ni niega la protección personal”.
La oposición también votó en contra los artículos referidos a la creación de los cargos de los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual.
Por otra parte, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi cuestionó los artículos sobre protección de datos personales, que designan un delegado de protección de datos en entidades públicas o privadas de propiedad estatal. Consideró que deberían haberse estudiado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara y que el texto “deja muchas ventanas abiertas que no van a poder garantizar la protección”.