Los diputados Eduardo Rubio (Unidad Popular), Daniel Radío (Partido Independiente), Ope Pasquet (Partido Colorado), Daniel Peña (Partido de la Gente), Martín Lema y Richard Charamelo (ambos del Partido Nacional) anunciaron ayer de tarde los pasos que darán para cerrar el trabajo de la comisión investigadora de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), después de que el Frente Amplio rechazara la extensión de su plazo de funcionamiento.

Esta semana presentarán una ampliación de la denuncia penal por el caso del hospital de Bella Unión, que involucra a sus ex directores Federico Eguren –actual director del Centro Hospitalario Pereira Rossell–, Mario García –actual director del Hospital de Salto– y Rodrigo Barcelona –actual director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell–. Eguren, García y Barcelona son socios de la empresa de traslados Siemm SRL, que fue contratada por el hospital de Bella Unión al tiempo que se desmanteló el servicio propio de traslados, de 2012 a 2015. El caso está a estudio de la Justicia de Crimen Organizado. Los hallazgos de la comisión investigadora revelan que García firmó los contratos del hospital con Siemm durante tres meses y no uno, como dijeron las autoridades de ASSE, señaló Lema, quien junto con Rubio cuestionó que los tres jerarcas sigan ocupando cargos de confianza. Rubio agregó que en la comisión recibieron testimonios que aseguran que Siemm utilizó recetas y medicamentos del hospital para darles medicamentos a los socios de la emergencia privada, e instrumental del hospital para equipar los móviles privados. Cuestionaron, además, que el hospital continúe contratando servicios de Siemm, tal como consta en un documento del sistema integrado de información financiera del mes de julio.

Los diputados evalúan la posibilidad de ampliar la denuncia penal por irregularidades ocurridas en los hospitales de Dolores y Mercedes antes de 2015, por la contratación de servicios a la Emergencia Móvil de Soriano, propiedad de dos ex directoras de ambos centros, Ana María Falótico y Patricia Laxaga.

La comisión llegó a abordar en las últimas tres sesiones el caso de la denominada estafa al Fonasa. Para ampliar la información, la oposición anunció que interpelará al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, por el control que debió haber hecho el Banco de Previsión Social para evitar afiliaciones irregulares, y también al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, por las irregularidades del Fonasa y de ASSE.