Fueron siete horas de discusión. En ese transcurso, el Frente Amplio (FA) defendió el “derecho fundamental” de los ciudadanos en el exterior de poder votar, mientras que la oposición calificó el proyecto en discusión de “mamarracho” y de “engendro” violatorio de la Constitución.
La iniciativa, aprobada ayer sólo con los votos del FA, apunta a interpretar los artículos 77 y 81 de la Constitución, que refieren a la soberanía y a la nacionalidad. El proyecto establece en su artículo 1º que el hecho de residir fuera del país “no obsta al ejercicio de las obligaciones y derechos inherentes a la ciudadanía”. Luego crea una comisión interinstitucional, integrada por representantes del gobierno, de los partidos políticos y de organizaciones sociales, y presidida por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que tendrá el cometido de elaborar en seis meses una propuesta de instrumentación de voto en el exterior, que luego deberá someterse a consideración del Parlamento. Esto motivó un comentario irónico del senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga, a quien le pareció “antológico” que el Parlamento cree una comisión para que haga una propuesta de ley que luego pase nuevamente por el Parlamento.
La senadora frenteamplista Constanza Moreira fue la informante del texto. Hizo referencia al “déficit democrático” y a la desigualdad que genera la situación actual, porque las personas que tienen recursos o que no viven tan lejos como para poder venir al país a votar pueden hacerlo, mientras que para el resto eso no es posible. Recordó que Uruguay es el único país en América Latina que no reconoce el voto en el exterior, pese a que el tema se discute desde hace 33 años y hubo nueve proyectos de ley sobre el tema, incluido uno del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. “Uruguay constituye una excepción vergonzante”, sostuvo Moreira. Agregó que las convenciones internacionales recomiendan a los países establecer el voto en el exterior, sobre todo cuando tienen alta migración, como es el caso de Uruguay, que según estimaciones, tiene a 16% de sus nacionales viviendo en el exterior.
Moreira afirmó que no se trata de una discusión “ideológica” y que no son los gobiernos de izquierda los que instrumentan el voto en el exterior. “Es una discusión de modernidad política. [...] Los estudios muestran que no hay ninguna relación entre el voto en el exterior y las opciones progresistas”, señaló. Remarcó que se trata de garantizar derechos de tercera o cuarta generación “propios de democracias desarrolladas”, y de establecer “garantías para los derechos de los ciudadanos en un mundo globalizado”. “Demasiadas décadas pasaron, demasiada gente esperó, y el mundo cambia. Uruguay les debe una respuesta a los uruguayos que viven en el exterior. Nos está faltando el espíritu liberal, abierto y moderno de la política de Uruguay de inicios del siglo XX”, concluyó Moreira.
Interpretación o cambio de la Constitución
Uno de los ejes de la discusión fue el carácter interpretativo o modificatorio de la Constitución del proyecto de ley en cuestión. Para el FA, el proyecto interpreta la Constitución, porque esta habilita el voto de los ciudadanos en el exterior al no incluir la residencia en el exterior como causal de suspensión de la ciudadanía. En cambio, el senador colorado Pedro Bordaberry comentó al inicio de su intervención que estaba presente en sala para “evitar un atropello a la Constitución de la República” que generará “ventajas electorales indebidas” al FA. “Con este proyecto de ley no se está interpretando nada, se está reformando la Constitución”, afirmó. Consideró que en la Constitución “no hay ambigüedad” con respecto a este tema, porque el artículo 81 sostiene que “la nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”. “El 81 dice exactamente lo contrario de lo que se quiere interpretar”, remarcó Bordaberry.
Los legisladores del FA señalaron que si eso fuera así, entonces no se debería permitir que los residentes en el exterior votaran, y de hecho lo hacen. Bordaberry contestó que la costumbre en Uruguay no es fuente de derecho y valoró que la Corte Electoral debería pedir el censo de ciudadanos en el exterior que hizo el gobierno y “darles de baja” del padrón electoral. El senador frenteamplista Charles Carrera consideró que este planteo es “reaccionario y xenófobo”.
Mieres explicó que no votaba el proyecto porque lo considera inconstitucional. “Lo que están votando es el reconocimiento del voto en el exterior para los ciudadanos de este país; por lo tanto, están dando un paso que es absolutamente inconstitucional”, cuestionó.
La discusión sobre el plebiscito
Buena parte del debate estuvo centrado en los resultados del plebiscito de 2009, que buscó reformar la Constitución para establecer el voto en el exterior. La iniciativa no contó con el respaldo del cuerpo electoral; sólo 37% apoyó la reforma. La oposición utilizó este antecedente para acusar al FA de “desconocer el pronunciamiento popular” y lo invitó a volver a juntar firmas para reformar la Constitución.
La senadora frenteamplista Daniela Payssé apuntó que las personas no se pronunciaron sobre el voto en el exterior en general, sino sobre el voto epistolar, y que el resultado puede interpretarse como una falta de confianza de la ciudadanía hacia ese mecanismo. Moreira objetó que se interprete el resultado del plebiscito como un rechazo tajante al voto en el exterior, porque en las personas que no apoyaron “hay un componente de no voto y hay un componente de abstención”. Mieres evaluó que es “insólito” que se interprete el 63% que no apoyó el plebiscito como una “duda de la ciudadanía”. “Vivimos en un mundo donde todo es posible, todo es relativo, salvo cuando la voluntad de la gente coincide con la mía, y eso no es democrático”, criticó.
El senador nacionalista Luis Alberto Heber opinó que toda la discusión era una pérdida de tiempo, porque el proyecto de ley que eventualmente elaborará la comisión requerirá dos tercios de votos del Parlamento para su aprobación, y la oposición ya adelantó que lo rechazará. La senadora frenteamplista Mónica Xavier le contestó que “debatir sobre democracia nunca es perder el tiempo”. “Acá estamos discutiendo si tenemos derecho a cercenarles el voto a los ciudadanos en el exterior o no, si tenemos medio millón de proscriptos o no”, expresó.
Finalmente, el proyecto obtuvo la sanción definitiva sólo con los votos del FA.
Adelantando acciones
Los senadores nacionalistas Larrañaga y Heber, y el independiente Mieres, anunciaron en sala que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley y que no integrarán la comisión que se proyecta crear. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado expresó lo mismo mediante una declaración. Consideró que la ley es “inconstitucional por razones formales, ya que fue sancionada por mayoría simple y la Constitución (artículo 77, numeral 7º) requiere dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara para toda modificación o interpretación de la normativa vigente en materia de Registro Cívico y Elecciones”. Agregó que “la ley también es inconstitucional por razones de fondo, ya que los artículos 74 y 81 de la Constitución –entre otras normas relevantes en la materia– establecen claramente que hay ciudadanos que para ejercer sus derechos deben primero ‘avecinarse en el país’ e inscribirse en el Registro Cívico, por lo que la permanencia en el exterior sí obsta –contra lo que declara el artículo 1º de la ley– al ejercicio de sus derechos de ciudadanía”.