Cristina Lustemberg, ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, ingresó al Parlamento con una idea fija: impulsar un proyecto de ley integral sobre primera infancia. Hace dos semanas presentó la iniciativa a la bancada del Frente Amplio y logró la “anuencia de 100% del partido”, según relató a la diaria. Ayer la bancada oficialista decidió aprobar la iniciativa y darle prioridad, por lo que hoy ingresará a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley de Garantías para el Desarrollo, Educación, Atención y Protección Integral de la Primera Infancia apunta a coordinar las políticas públicas en la materia, optimizando su gestión y el uso de su presupuesto, para otorgarles la “máxima prioridad política” a las mujeres embarazadas y a la población infantil de hasta seis años de edad. Según Lustemberg, la intención es impulsar un mecanismo nuevo de política pública: “Ordenar la dispersión de los servicios y programas, que se trabaje para su integración, de forma de optimizar el gasto y asegurar el acceso y la cobertura en tiempo real que necesitan” las niñas y niños, explicó.
La diputada, que conformó en abril de este año el sector Participar, Articular, Redoblar, insiste en que hay que reordenar la inversión en políticas públicas en infancia porque esa es, en definitiva, “la mejor estrategia para inhibir toda la reproducción de la pobreza y revertir la inequidad social”. Destacó que hay dos etapas clave en la vida de una persona: la que va del nacimiento a los tres años, y la de diez a 14 años. Como una etapa cimienta a la otra, es preciso pensar en un abordaje multidimensional: “En la primera infancia, el niño desarrolla al máximo su función cognitiva. Las características de vivienda, nutricionales y educativas del ambiente en el que vivimos de niños impactan en el desarrollo y en las oportunidades que tenemos después”, aseveró.
Lustemberg contó que ha conversado informalmente con muchos legisladores de todos los partidos, y que presentó la iniciativa a todos los organismos involucrados y a organizaciones de la sociedad civil para que plantearan “aportes y observaciones”. A su vez, la comisión va a “tomar contacto formal con todos los sectores políticos, porque varios líderes nos han manifestado interés por trabajar en esta ley”. El objetivo es que cuente “con el apoyo de 100% del sistema político” y que se convierta así “en un ejemplo de política de Estado”. Señaló que espera que se apruebe antes de fin de año, para que su aplicación comience en 2019.