FA advierte sobre papel “complejo” de Uruguay en el Mercosur

El capítulo programático del Frente Amplio (FA) sobre inserción internacional y defensa, denominado “Desafío de la inserción regional e internacional y la soberanía”, fue el único de los cinco desafíos que no logró un consenso total en sus propuestas. El Congreso de la coalición de izquierda deberá escoger entre opciones distintas sobre las negociaciones de acuerdos comerciales, que reflejan los debates más recientes al interior del FA entre sectores como Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, por un lado, y Casa Grande y el Partido Comunista, por el otro.

En el documento se sostiene que el Mercosur es “un espacio de integración resiliente, que se mantiene a pesar de las diferentes orientaciones políticas de sus estados parte”. Se entiende que los gobiernos progresistas de la región “dieron un impulso claro a los procesos de integración”, pero que “lo avanzado es insuficiente”. “Los actores conservadores y los gobiernos neoliberales de la región tienen un claro sesgo antiintegracionista”, añade el texto, y pone como ejemplo la decisión de la mayoría de los países de la región de abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Se analiza que el papel de Uruguay en la interna del Mercosur es “sumamente complejo” por “la tensión que genera la coordinación con gobiernos neoliberales y conservadores”.

El documento sostiene que la defensa de la integración regional “es parte de un proyecto político contrahegemónico” y le permite al país “enfrentar las negociaciones con otros bloques y jugadores globales”. En este sentido, considera que se deben priorizar acuerdos de complementación, cooperación, fortalecimiento del comercio intrarregional, desarrollo de infraestructuras y fortalecimiento de la ciudadanía regional.

Los puntos de desacuerdo

En materia de negociación de acuerdos de comercio e inversión hubo coincidencia sobre la necesidad de desarrollar “una política permanente de evaluación de impactos” de estos tratados, “prestando especial atención a los sectores productivos ‘ganadores’ y ‘perdedores’, y analizar posibles mecanismos de compensación entre estos”.

También hubo consenso en la necesidad de excluir de estos acuerdos al sector del agua y en “preservar”, en las negociaciones, a los sectores en los que Uruguay tiene empresas estatales (energía, telecomunicaciones, agua, comunicaciones, servicios financieros). Asimismo, se acordó que los capítulos sobre propiedad intelectual en los acuerdos “no podrán restringir el acceso a la salud, educación, ciencia, tecnología, conocimiento y cultura”.

En cuanto a los mecanismos de solución de controversias en los acuerdos, el FA acordó que se propondrá utilizar tribunales ad hoc, “excluyendo opciones de tipo inversionista-Estado en sedes notoriamente inconvenientes”. Aunque el texto no lo nombra expresamente, la referencia es al Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones. “El ejemplo de demandas recientes contra el Estado uruguayo y las nuevas demandas que nuestro país ha recibido ilustra los riesgos a los que se expone el país con tribunales de este tipo”, añade el documento.

En cambio, no hubo consenso para excluir de los acuerdos a las áreas de servicios vinculadas a las políticas sociales (educación, salud, vivienda y cultura). Mientras algunos sectores frenteamplistas pretenden quitar estos temas de las negociaciones por “sus implicancias en los derechos humanos”, otros en el FA se limitan a establecer que “se deberá tener una consideración particular y especial cuidado” en estos sectores.

Otro desacuerdo tuvo que ver con la modalidad de negociación. Una de las opciones contempladas en el texto propone directamente no utilizar las listas negativas (que implican la liberalización de todos los sectores que no se excluyen expresamente), mientras que la otra habilita estas opciones pero señala que se deberán realizar “las consultas políticas y sociales pertinentes antes de tomar una decisión”.

Finalmente, un tercer punto de discrepancia fue el comercio electrónico, un tema que se incluye como capítulo específico en algunos acuerdos comerciales. Una opción planteada en el documento establece que “en caso de incluirse disciplinas sobre esta materia, se deberá analizar cuidadosamente su vínculo con algunos sectores sensibles como ser telecomunicaciones y servicios financieros”.

En cambio, la otra opción plantea excluir las disposiciones sobre comercio electrónico de las negociaciones porque “imponen una desregulación cuando esta ya existe o prohíben a los estados aplicar regulaciones”. “Además, condicionan la posibilidad de que el Estado pueda desarrollar una política activa para sectores intensivos en conocimiento y tecnología. Las condiciones que se negocian en comercio electrónico favorecen a los países que tienen desarrollado de forma competitiva el sector y juegan en contra de quienes, como Uruguay, tienen capacidades para desarrollarlo pero no está consolidado aún para ser lo suficientemente competitivo para enfrentar a empresas transnacionales líderes en el sector”, indica esta opción.