La declaración de “interés turístico” del II Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia por parte del Ministerio de Turismo despertó críticas dentro del Frente Amplio. Se trata de un evento convocado, entre otros, por el pastor Jorge Márquez, líder de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, que es investigada por una comisión en el Parlamento por su posible financiación a la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso. El congreso tiene como misión “la defensa de la vida y la familia”, y entre los panelistas estarán los legisladores nacionalistas y evangelistas Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue (este último de la iglesia Misión Vida); el politólogo argentino Agustín Laje –activista contra lo que algunos llaman “ideología de género”–; el pastor argentino Hugo Márquez, quien llegó a denunciar ante la Organización de Estados Americanos que el gobierno de Mauricio Macri también impulsa la “ideología de género” en las escuelas públicas, y el diputado pastor costarricense Gonzalo Ramírez, que se ha opuesto en forma sistemática a los proyectos que buscan ampliar los derechos de las personas homosexuales. Gracias a esta declaración de interés, la organización del evento tendrá la posibilidad de ser exonerada del pago del IVA.

“Discursos de odio”

Uno de los críticos fue el diputado comunista Gerardo Núñez, quien consideró que la decisión del ministerio no fue correcta: “A través de la exoneración del IVA estás financiando una actividad que promueve, desde mi punto de vista, la discriminación a través de discursos de odio, y claramente Uruguay se comprometió a no desarrollar, impulsar ni promover con dineros públicos ningún tipo de actividad desde el Estado que promuevan la discriminación”. Según Núñez, si Uruguay apoya este tipo de eventos está violando la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que el país ratificó este año.

El diputado dijo que el ministerio debería tener en cuenta otras cosas además de la cantidad de participantes para respaldar este tipo de actividades. “Todas las normas tienen que darse en un contexto, y [hay que] analizar no solamente los aspectos formales sino también sus contenidos”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Óscar Groba (Espacio 609) dijo a la diaria que en “algún momento vamos a tener que revisar los protocolos” para otorgarle declaración de interés turístico a eventos. Sobre este caso en particular, comentó que “seguramente va a apuntar contra toda la agenda de derechos que el gobierno ha venido haciendo, y yo no comparto para nada eso”. “Está bien que la ministra [de Turismo, Liliam Kechichián] respete el protocolo, pero en algún momento va a haber que corregirlo y eso debe ser lo más rápido posible, porque no se puede hacer una declaración de interés en cuestiones que puedan menoscabar la libertad o la democracia”, agregó.

Por su parte, el coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Andrés Scagliola, escribió en Twitter que la situación le da “mucha pena”, ya que a él le consta el “compromiso” de la ministra Kechichián “con los derechos humanos de las personas LGBTI”. Sin embargo, para el jerarca departamental “esto es un error que debe ser corregido”. “La promoción de discursos de odio, contra derechos reconocidos, nunca debería ser ‘de interés’”, afirmó. También pidió “reflexionar” sobre cómo “decisiones formales o burocráticas como estas terminan diciendo que la homofobia y transfobia son admisibles”, y ejemplificó que “nadie promovería como ‘de interés’ un congreso racista o xenofóbico, aunque cumpliera la formalidad, o reuniera a miles”. “Por si fuera poco, es una decisión totalmente contradictoria con la política del propio Ministerio de Turismo de promover a Uruguay como un destino amigable con las personas LGBTI. Aún hay tiempo para rectificar. Confío que así será”, finalizó.

Formas y contenidos

Kechichián había dicho a la diaria el domingo que si bien ella no está de acuerdo con el contenido de este evento, “hay un protocolo que dice que se puede declarar de interés turístico una actividad que promueva la visita de determinada cantidad de personas del exterior y que se haga en un lugar acreditado para congresos”. Además, sostuvo que su obligación es actuar de forma “institucional”. “Si alguien quiere hacer otro congreso [en respuesta], perfecto, pero si ellos existen y cumplen con lo que se requiere para declarar de interés turístico, lo tengo que hacer. No tiene nada que ver con el tema, que está lejos de mi pensamiento”, explicó. Resumió que lo que se evalúa en estos casos son “las formas y no el contenido”.

La Junta Departamental de Maldonado votó por unanimidad la declaración de “interés departamental” de este congreso, en una sesión celebrada el 28 de agosto, en bloque junto con otras tres y sin debate alguno. El coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio en Maldonado, Washington Martínez, dijo que ellos analizarán hoy la cuestión. “Vamos a ver si se puede rever el tema, pero es muy difícil luego de que esto se aprobó por unanimidad, y más teniendo en cuenta que la aprobación fue hace casi un mes”, opinó.