El diputado oficialista Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular, presentó un proyecto que modifica la actual Ley General de Educación. Su objetivo es agilizar el trámite burocrático que los centros educativos públicos deben hacer para coordinar actividades con otras instituciones públicas. El martes entró en la Comisión de Educación de la cámara baja, y Sabini comentó en diálogo con la diaria que espera la aprobación de todos los partidos, ya que la iniciativa solamente facilita la gestión, sin alterar potestades actuales.
El artículo 41 de la ley vigente establece en su último inciso que los centros educativos podrán hacer convenios con otras instituciones, con la autorización correspondiente. Según explicó Sabini, lograr tal autorización ha implicado muchas veces procesos que llegaron a demorar meses e incluso años, y que en algunas oportunidades los convenios no llegaron a concretarse porque se perdió su oportunidad coyuntural. Asimismo, resaltó que cada consejo tiene diferentes mecanismos: a modo de ejemplo, señaló que “la UTU está muy acostumbrada a este tipo de acuerdos y los directores van para adelante, mientras que los convenios en Secundaria son generalmente más centrales”, y por eso la idea es promover que se puedan “promover desde lo local”.
Si el proyecto se aprueba, la nueva redacción aclararía que se podrán hacer “convenios de cooperación o colaboración con instituciones públicas, culturales, sociales, y deportivas o de otra índole, con finalidades educativas o de fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, dentro de los lineamientos que determine la Administración Nacional de Educación Pública” (ANEP), y que “dichos convenios podrán comenzar a ejecutarse sin perjuicio del refrendo posterior correspondiente”.
Sabini explicó que lo que cambia con este proyecto es el mecanismo de contralor. Dijo que hoy “todos los controles se realizan en forma previa a la celebración del convenio, luego este se celebra y empieza a funcionar”. En cambio, apuntó, “estamos proponiendo que se celebre el convenio, se siga luego todo el camino burocrático y, si no hay ninguna irregularidad, no hay ningún problema. Es una lógica de gestión bastante diferente de la que se tenía hasta ahora. Siempre hay marcos a seguir y señalamientos generales, pero de lo que se trata es de cambiar un poco el chip de cómo hemos gestionado hasta ahora la educación y el Estado en general”. Si el Parlamento aprueba esta iniciativa, la ANEP deberá generar un modelo de aplicación de convenio para cada situación o puede dar directamente lineamientos generales para cada tipo de convenio.
A partir de esta modificación, las direcciones de los centros podrán coordinar de forma unilateral con otros agentes públicos de la comunidad. En la exposición de motivos, el diputado asegura que los convenios se harán de “una forma menos burocrática”, y que eso permitirá, por ejemplo, que “los estudiantes de ingeniería realicen una práctica educativa en la industria de su localidad; los interesados en la medicina tengan un pasaje por la policlínica de su barrio; aquellos que están comenzando a estudiar arquitectura, en la división del municipio o la intendencia; el centro cultural del barrio para los interesados en el arte; o el centro deportivo para los que comienzan un camino en dicha disciplina”.
En la exposición también se destaca que “los aprendizajes nunca se reducen al espacio del aula”, y que establecer mecanismos permanentes de trabajo con la comunidad parece una estrategia razonable, en la que, “al tiempo de realizar experiencias educativas exitosas, los actores sociales se benefician con la presencia de estudiantes”.