Tenfield ingresó a fines del año pasado en el listado de empresas a investigar por parte de la comisión investigadora de financiamiento de las campañas políticas, a pedido del diputado colorado Adrián Peña. Este solicitó incluirla para ahondar acerca del vínculo entre el empresario Francisco Paco Casal y el ex presidente José Mujica, y en particular sobre los motivos que llevaron a Mujica a exonerar a Casal del pago de una deuda de diez millones de dólares con la Dirección General Impositiva (DGI).
Ayer concurrió a la comisión Nelson Hernández, quien era director de la DGI en 2008, cuando ese organismo presentó una denuncia contra Casal por presunta defraudación tributaria. El empresario, que fue embargado por la DGI, presentó una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En 2013, el entonces presidente José Mujica resolvió condonar la deuda de Casal, con el argumento de que, según información que había sido solicitada a diversas consultoras, existía la posibilidad de que el empresario pudiera presentar con éxito una demanda contra el Estado por irregularidades en el proceso iniciado por la DGI.
Al salir, el miembro denunciante, Peña, dijo a la prensa que Hernández manifestó que el accionar de la DGI “se ajustó en todo momento al derecho” y que “no está de acuerdo con el procedimiento por el cual esta deuda fue perdonada”. El ex jerarca agregó que además la condonación es “inusual en Uruguay”, y que de hecho aquella fue la primera vez que un presidente de la República “perdonó una deuda” mediante “este trámite”. Según Peña, el ex director general de Rentas aseguró que “era prácticamente inexistente” la posibilidad de que Casal iniciara un juicio millonario contra el Estado, y que no entiende por qué el Poder Ejecutivo terminó condonándole la deuda. En diálogo con la diaria, el diputado agregó que Hernández “básicamente confirmó que la Impositiva nunca estuvo de acuerdo [con la exoneración de la deuda] y que todo el proceso de la DGI estuvo fuertemente respaldado desde el punto de vista técnico”, por lo que “no advierte por qué” el gobierno resolvió” exonerar al empresario de pagar.
El diputado frenteamplista Óscar Groba puntualizó, en diálogo con la prensa, en primer lugar, que “hubo un error por parte de Peña”, porque citó a Hernández para declarar sobre la empresa Tenfield y el ex director de la DGI precisó que “Tenfield no tiene absolutamente nada que ver con lo investigado”, y que en todo caso el implicado en el asunto sería Casal. Luego, Groba señaló que varias consultoras independientes le indicaron al Ejecutivo que “había errores” en el procedimiento llevado a cabo por la DGI, y que de seguir con la demanda el Estado “quedaba expuesto a un juicio muchísimo más grande”. En suma, según el legislador hubo “defectos” en el análisis de la DGI, y debido a eso se optó por llegar a una “negociación” con el empresario.
El presidente de la comisión, el nacionalista Alejo Umpiérrez, recalcó a la diaria que Tenfield es una empresa sustancial del grupo Casal y que el grupo recibió un “beneficio económico” cuando se le perdonó la deuda de diez millones de dólares con la “sola firma del presidente Mujica”. Según el diputado blanco, Hernández aseguró que el proceso estaba culminando en la vía administrativa y que en todas las instancias se le había dado la razón a la DGI. “Cuando le preguntamos al contador Hernández si creía que había alguna flaqueza jurídica en todo el trámite del expediente, nos dijo categóricamente que no, que el expediente estaba ‘soldado’ jurídicamente, que todas las cuestiones habían sido liquidadas internamente e incluso a nivel judicial”, aseguró. Según indicó, la comisión planea recibir al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al ex director de la DGI Eduardo Zaidensztat y al ex presidente José Mujica antes del 8 de diciembre, fecha en la que debe culminar sus trabajos. A mediados de setiembre asistirá Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía, añadió.
Alonso en la mira
Sobre el posible financiamiento de la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso por parte de la Iglesia Misión Vida, el diputado Groba señaló en conferencia de prensa que “a esta altura”, en la comisión todos saben que hubo “un acuerdo entre el pastor [Jorge] Márquez, la estructura de Misión Vida y Verónica Alonso en las últimas campañas internas y nacionales”. Añadió que debido a las “grandes contradicciones” que existen entre las declaraciones de Alonso y del diputado nacionalista Álvaro Dastugue ante la comisión, resolvieron citar a Gabriel Cunha, secretario del diputado e integrante de Misión Vida, quien fue señalado en la investigadora por Martín Nyczka, dueño de la imprenta Vistosul, como el coordinador de la campaña de Alonso. Luego, siempre según Groba, se le comunicó por teléfono a la comisión que Cunha no pensaba asistir, pero el legislador oficialista comentó que “sería bueno” que compareciera, a fin de “aclarar algunas cosas”.
El Partido Nacional, que siempre se muestra favorable a la creación de comisiones investigadoras parlamentarias, debería hacer que sus integrantes sean “los primeros en venir cuando son convocados” por esos organismos, concluyó Groba.