El diputado nacionalista Pablo Abdala cursó ayer un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación para obtener información acerca de la investigación sobre la licitación de las cámaras de reconocimiento facial por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Evidentemente hay dudas que no parecen haberse disipado del todo, así como aparentes contradicciones entre lo que se dijo públicamente, lo que surge de los audios y lo que declararon los indagados en la Justicia”, subrayó el legislador en diálogo con la diaria.

La polémica sobre la licitación de las cámaras de reconocimiento facial para el estadio Centenario estalló luego de que Búsqueda publicara en agosto del año pasado la transcripción de conversaciones entre el empresario Walter Alcántara y el entonces presidente de la AUF, Wilmar Valdez, en la que este último aseguraba que el Ministerio del Interior (MI) había presionado para que ganara una de las dos empresas que se habían presentado a la licitación.

Según el diputado, luego de que “estallara el escándalo” por medio de los audios de Valdez se generó una “duda” fundada sobre la “injerencia decisiva” del MI en la decisión final de la AUF. En diciembre del año pasado, la Fiscalía optó por archivar el caso, pero en el transcurso de la investigación trascendió que Valdez habría incurrido en una contradicción, sostuvo Abdala. “Después él relativizó públicamente lo dicho en el audio, como que en realidad lo había dicho para salir del paso, porque Alcántara lo acosaba”, dijo el diputado.

De todos modos, el nacionalista sostuvo que luego trascendió que Valdez ratificó sus dichos acerca de una eventual injerencia del MI en la licitación. Las “contradicciones” en las declaraciones motivaron al diputado a preguntar a la Fiscalía “si efectivamente concluyeron las investigaciones” y si la fiscal actuante puede remitirle las copias de las actuaciones. En principio, Abdala adelantó que sólo quiere leer el expediente y las pruebas testimoniales para ver qué surge de ellas. Si bien en su momento se manejó la posibilidad de promover una comisión investigadora sobre el tema, ahora simplemente le parece oportuno estudiar “las aparentes contradicciones” que se dieron durante el proceso judicial y evaluar posibles pasos a seguir.