La inclusión del caso del ex senador frenteamplista Leonardo de León en el llamado a sala en régimen de comisión general que el Partido Nacional (PN) cursó hoy a los ministros de Economía y Finanzas (MEF) e Industria, Energía y Minería, Danilo Astori y Carolina Cosse, respectivamente, molestó a la bancada del Frente Amplio (FA), aunque de todas maneras el oficialismo decidió votar la moción por “cortesía parlamentaria”.

A pedido del diputado nacionalista Pablo Iturralde, a las inquietudes de su par Pablo Abdala por el aumento de los precios de las tarifas de las empresas públicas se agregó un ítem acerca de por qué el directorio de ANCAP no denunció penalmente a De León por intermedio de Alcoholes del Uruguay (Alur), luego de que se hicieran públicos sus gastos con la tarjeta corporativa de esta empresa. El caso del ex legislador fue archivado por el fiscal Luis Pacheco, quien si bien observó en su dictamen que existieron algunos gastos discrecionales, también admitió que los hechos no habían sido denunciados por “la empresa presumiblemente damnificada”, Alur, que opera en el derecho privado. En mayo el directorio de ANCAP pidió un informe sobre el caso a su división jurídica, pero esta concluyó que no quedaba más por hacer y que la Justicia habría podido procesar a De León independientemente de que Alur o ANCAP presentaran una denuncia.

La inclusión del tema fue advertida en la bancada frenteamplista. La diputada Bettiana Díaz observó que había “elementos que el FA desconocía en las mociones”, y Abdala respondió que no se había informado antes sobre los motivos del llamado por la razón “muy sencilla” de que estas habían sido redactadas ayer mismo. El legislador nacionalista, no obstante, valoró el gesto de que el oficialismo acompañara con su voto los llamados, que en total fueron tres: además de a Astori y Cosse, la Comisión Permanente convocará a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, a pedido de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, por la renuncia de Mariano Palamidessi a la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa; y al canciller Rodolfo Nin Novoa, a instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, para que informe acerca de la relación de la cónsul uruguaya en Buenos Aires, Lilián Alfaro, con el gobierno encabezado por Cristina Fernández en la campaña electoral de 2009.

Luego de que terminara la sesión, llegó a la presidencia de la Comisión Permanente un pedido de la Asociación de Funcionarios de Impositiva para ser recibida, que fue analizado por la bancada frenteamplista después de la instancia parlamentaria. El problema es que la Comisión Permanente no puede recibir delegaciones, ya que sesiona en forma análoga a las cámaras del Poder Legislativo. La postura de la bancada frenteamplista, dijo el diputado Carlos Reutor a la diaria, es que el pedido del gremio de que este organismo parlamentario medie en su conflicto con el MEF –los trabajadores reclaman la reestructura de las primas por rendimiento– se canalice por la comisión de asuntos laborales del Senado o de Diputados. De hecho, al finalizar la sesión, la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora frenteamplista Ivonne Passada, recordó que las comisiones de las cámaras pueden levantar su receso en cualquier momento.

En el PN esta idea no desagrada: “Nos parecía bien una subcomisión de la Comisión Permanente, pero mientras se genere un ámbito para destrabar, estamos dispuestos”, dijo Abdala.