El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió ayer un comunicado mediante el cual el gobierno uruguayo manifestó su “honda preocupación” por “los actos de amedrentamiento” que tuvieron lugar el domingo contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, “por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional”.

El domingo, el titular de la Asamblea Nacional se dirigía a un acto en la localidad de Caraballeda, en el estado de Vargas, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron. Media hora más tarde lo liberaron. Cuando llegó al acto, el legislador del partido Voluntad Popular denunció que había sido “secuestrado” por agentes que tenían “armas largas” y “capuchas”.

En el comunicado, el Poder Ejecutivo condenó la detención de Guaidó alegando que este tipo de actos irrumpen en el “imprescindible clima de respeto que permita superar la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela”, y subrayó que el camino a seguir debe ser el del “diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso que contribuya a alcanzar un acuerdo entre todos los actores políticos y sociales de dicho país”.

“El Gobierno del Uruguay exhorta una vez más a todas las partes a recorrer ese camino en el marco del más estricto respeto a los derechos humanos y contemplando los legítimos intereses del pueblo venezolano”, concluye la declaración.

Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero, unos días antes de que Nicolás Maduro iniciara su nuevo mandato de seis años el jueves 10 de enero. A ambos actos concurrió, en representación del gobierno uruguayo, el encargado de negocios en la embajada uruguaya en Caracas, José Luis Remedi.

Desde las elecciones celebradas en Venezuela en mayo de 2018, la cancillería uruguaya emitió seis comunicados en los que hizo referencia a la situación política, económica y social en el país bolivariano, incluidos este último y la declaración en relación con el fallecimiento del dirigente del partido Primero Justicia, Fernando Albán. En todos ellos el gobierno expresó la necesidad de establecer un diálogo entre los actores políticos venezolanos y no profundizar el aislamiento de Venezuela de la región, y defendió la no intervención. En cambio, el gobierno se negó a unirse a la declaración del Grupo de Lima firmada el 4 de enero por 13 países, en la que se describe al gobierno venezolano como ilegítimo y se exhortó a Maduro a no asumir la presidencia.

El jueves, Uruguay y Bolivia fueron los únicos países de la región que concurrieron a la ceremonia de asunción de Maduro, lo que le valió severas críticas de la oposición, que lo acusó de ser cómplice de un golpe de Estado.

Si bien el gobierno uruguayo se ha decidido a reconocer a Maduro, le ha bajado notoriamente el perfil a su relación en comparación con los años de Hugo Chávez. A diferencia de lo que ocurrió con la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, a la asunción de Maduro no asistieron Vázquez ni tampoco las autoridades de cancillería: ni el ministro Rodolfo Nin Novoa ni el subsecretario Ariel Bergamino. Ante la inexistencia de un embajador y jefe de misión uruguayos en Venezuela –por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores–, Remedi es el que sigue en autoridad. En una entrevista con Radio Carve el 8 de enero, Bergamino dijo que la decisión de que concurriera Remedi a ambos actos se tomó por “razones de orden institucional, político y de agenda”, y agregó que no correspondía la concurrencia del presidente o el canciller por “la situación que está viviendo Venezuela”.