Un grupo de vecinos concurrió ayer a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para reunirse con los directores del organismo y plantearles sus reparos con respecto al proyecto ferroviario que el gobierno desarrolla a la par de la instalación de la segunda planta pastera de la empresa finlandesa UPM.

Antes de ingresar a la reunión, varios integrantes del colectivo de vecinos conversaron con la prensa. Lorena Borloz contó en una rueda de prensa que vive en Sayago y que ha recibido información a cuentagotas sobre el proyecto ferroviario que pasará al lado de su casa. Comentó que ella, junto con algunos vecinos, solicitó información a Presidencia de la República y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), pero les desde esos organismos les respondieron que no tenían competencia en el asunto y que debían hacer las consultas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En esta cartera, dijo Borloz, nadie les contestó. Por ese motivo, decidieron para presentar una denuncia ante la INDDHH. “Hay diferentes situaciones, desde expropiaciones totales o parciales hasta desalojos o viviendas que van a quedar al costado de la vía”, dijo Borloz a la diaria. Como su caso, añadió, hay “muchísimos”: “Es una vía de 273 kilómetros, que atraviesa pueblos, y va desde el puerto [de Montevideo] hasta Paso de los Toros, pero es mucho más que eso; es también [el proyecto] de una empresa extractivista que viene a instalar una papelera, llevarse nuestros recursos naturales, cargar celulosa en los trenes y trasladar químicos hacia Paso de los Toros”.

Otro de los vecinos presentes, Edardo Martínez, comentó en rueda de prensa que es propietario de un terreno de la Administración de Ferrocarriles del Estado, ubicado en Colón, y vive allí desde hace 20 años. “Un día me tocaron la puerta de casa y me dijeron que nos iban a realojar en algunas casas del barrio Capurro”, explicó. Junto con otras cuatro familias de la zona que se encuentran en la misma situación, se dirigió al MVOTMA para pedir mayor información sobre el eventual realojo. “Nadie sabía nada. Estamos con el corazón en la boca, porque de un día para el otro pensaban sacarnos. Primero [nos dijeron que el realojo sería] en diciembre, después en enero y ahora supuestamente es en febrero”.

Blanca Olivera, que vive en la ciudad de Sarandí Grande, se mostró preocupada por el impacto que tendrá la vía de ferrocarril que atravesará su ciudad. Comentó a la diaria que en la localidad viven 7.000 personas y la vía del tren pasa por el medio de la ciudad. En la parte que vive Olivera hay una escuela, dos mutualistas, un CAIF y el único jardín de infantes de la ciudad. Olivera dijo que “no se se trata de un barrio [que se verá afectado], se trata de la mitad de la ciudad”. Para Olivera, el principal problema es que para llegar al otro lado de la ciudad tendrán que cruzar “sí o sí” la vía, por lo que la ciudad “va a quedar vallada”. “Yo me pregunto: si se caen los sistemas de los bancos, ¿qué garantiza que no se caigan los sistemas de las barreras del tren? Tenemos miedo a quedar encerrados”, expresó. Mencionó como ejemplo el caso de una ambulancia que esté atendiendo una urgencia por la que necesite trasladarse a la capital y, justo en ese momento esté cruzando el tren: “Quedará obstaculizada”. Olivera contó que en la segunda audiencia pública sobre el proyecto ferroviario, que se llevó a cabo en diciembre en Florida, les propusieron a las autoridades hacer un nuevo trazado por fuera de Sarandí Grande. “Nos respondieron que no era posible ese nuevo trazado porque había que cuidar campos productivos. La verdad es que en la zona no sabemos qué campos valen más que la seguridad y la tranquilidad de nuestra localidad”.

Luego de la reunión, el director de la INDDHH Juan Faroppa dijo a la diaria que en la reunión el grupo de vecinos planteó las mismas preocupaciones que habían presentado previamente por escrito. Desde que se presentó la denuncia ante la INDDHH, explicó Faroppa, están actuando para recopilar la mayor cantidad de información posible del proyecto y que eso les permita “adoptar una resolución definitiva”. Si bien procederán como con cualquier otra denuncia, Faroppa reconoció que este es un tema que tiene como “aditivo” el volumen importante de personas involucradas. La institución planea solicitar información y reunirse con las autoridades competentes para expedirse a la “mayor brevedad”, pero adelantó que no será antes de que termine este mes.

Tras la segunda audiencia pública sobre los impactos del proyecto ferrovario, que tuvo lugar el 27 de diciembre en Florida, el titular del MTOP, Víctor Rossi, dijo en una rueda de prensa que entendía las preocupaciones que planteaba el colectivo de vecinos, pero también recalcó que era una “realidad” con la que tenían que tratar de “convivir”. De todos modos, planteó que las obras “no se pueden modificar en un 100%, porque no se puede construir otra traza de ferrocarril absolutamente nueva. En muchos casos estos intercambios y el estudio que se está haciendo nos van a permitir solucionar algunos de los problemas”, puntualizó.