El viernes pasado 13 personas fueron formalizadas por un delito de receptación de ganado en un caso de abigeato en Rocha. Un hombre vendió 300 vacas preñadas que no eran suyas, en una operación de 180.000 dólares. En octubre de 2018 se conoció otro caso. En esa oportunidad la estafa consistió en colocar caravanas a animales robados para después venderlos. A raíz de estos dos episodios la eficacia de la trazabilidad fue puesta en duda por integrantes de la oposición como, por ejemplo, el diputado del Partido Nacional (PN) Alejo Umpiérrez. El nacionalista sostuvo que el sistema “tiene vacíos y problemas”, porque muchos productores no remarcan el ganado y usan sólo datos de la trazabilidad para comprobar la propiedad. El Código Rural, en su artículo 157, indica que “las marcas en el ganado mayor y menor, y las señales en el ganado menor, establecen una presunción de dominio y justifican la propiedad del animal marcado o señalado, salvo prueba en contrario”.

El ministro de Ganadería interino, Alberto Castelar, dijo a la diaria que la trazabilidad “funciona tan bien que estas cosas se detectan”. Admitió que existen fraudes al sistema, “como los hay en el sistema bancario, en el que se hackean cuentas o se clonan tarjetas”. “Nuestro sistema, como todos, tiene vulnerabilidades pero también tiene la suficiente fortaleza como para detectar irregularidades”, dijo. El jerarca aseguró que hay más de 1.200 expedientes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por situaciones irregulares por el mal uso de la trazabilidad. “El sistema está vivo y funciona. ¿Intentan burlarlo? Sí, pero, por suerte, cuando lo detectamos podemos sancionarlo”, especificó.

Sobre la comprobación de la propiedad a través de los datos de la caravana, Castelar dijo que si una persona quiere saber que está “comprando bien” debe fijarse en la marca. “Está a cargo del privado que hace la operación verificar que el bien que compra esté en condiciones. Si yo voy a comprar una casa voy a pedirle al escribano que se fije si los papeles están en orden”, ejemplificó. Sin embargo, advirtió que “algunas formalidades no suelen cumplirse porque son negocios que muchas veces están basados en la confianza”.

Los que introducen información en las caravanas son los operadores, personas certificadas por el MGAP que se encargan de actualizar los datos de los animales, como los eventos sanitarios. Esa información es una suerte de inventario de los animales. En el caso de Treinta y Tres, el hombre que hizo la venta de animales robados también era operador, y gracias a esto pudo recolectar caravanas de animales que no existían. Castelar contó que además hubo un caso de un operador sancionado porque en un mismo día certificó a una tropa en Salto y a otra en Maldonado con diferencia de dos horas. “Nosotros a esas cosas las detectamos y actuamos”, dijo.

Las caravanas son enviadas por correo por el MGAP a los productores que están registrados en la División Contralor de Semovientes. Estos deben hacer una declaración jurada todos los años sobre cuántos animales tienen. La ley obliga a que los terneros estén identificados antes de cumplir seis meses.

En caso de que los productores tengan vacas preñadas, el MGAP calcula la cantidad de caravanas que entregará en relación al diagnóstico de preñez, que es de 75%. Por cada 100 vacas se otorgarán 75 caravanas. Si nacen más, se debe informar y el MGAP cubre la diferencia. Si nacen menos de 75 terneros las caravanas sobrantes no necesariamente son devueltas, pero en el siguiente pedido el MGAP descuenta las que el productor ya tiene: si vuelve a tener 100 vacas y en la oportunidad anterior le sobraron 15, se le manda 60 dispositivos.