“Esto es simplemente una chicana política”, dijo ayer el diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti sobre el pedido de creación de un fondo especial para enfrentar emergencias surgidas de eventos climáticos imprevistos, planteado el domingo por los sectores Alianza Nacional y Por la Patria, que apoyan la precandidatura de Jorge Larrañaga. Esos grupos afirmaron en una declaración que “deben utilizarse parte de los fondos destinados a las obras cuyo único destinatario será la multinacional UPM –postergando o enlenteciendo su ejecución, si fuera necesario– para priorizar la atención a la emergencia que sufren parte del país y su población”. Los nacionalistas recuerdan que en 2017 legisladores de estos sectores propusieron “la creación de un Fondo Nacional para Emergencias Climáticas (FNEC), utilizando 45 millones de dólares de los 170 millones acumulados en el Fondo de Estabilización Energética, cuyos excedentes finalmente fueron destinados, casi en su totalidad, para las obras de AFE y las expropiaciones vinculadas al tren para UPM [Ferrocarril Central]”.

Ayer Asti dijo que los legisladores deberían saber lo que se aprobó en el Parlamento, y reiteró que las obras del ferrocarril se harán “con o sin planta de UPM”.

Sobre la declaración, comentó que surge en un momento en el que “no hay otras noticias”: “[Quieren] ponerse como los salvadores de la nación, pero ni lo han sido ni lo serán con esta forma de interpretar la realidad”, sostuvo.

El diputado frenteamplista dijo que, como los nacionalistas no tienen la responsabilidad de gobernar el país, les resulta “muy fácil enunciar sin fundamentos sólidos”. En relación con los desplazados, aseguró que las personas están siendo atendidas y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) “tiene la capacidad para cubrir las condiciones en las que están” y atender a sus necesidades.

En tanto, Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia y director superior del Sinae, aseguró a la diaria que si bien ese organismo “atiende la situación de las personas y no de las infraestructuras”, en las recorridas por los departamentos afectados por las inundaciones se “dio cuenta de que había algo de subejecución de los dineros ya destinados a los gobiernos departamentales”.

“La gran mayoría de los departamentos ya tienen asignados por la Rendición de Cuentas sumas de dinero muy importantes”, dijo Roballo, y explicó que son varios los organismos que prestan ayuda a los desplazados: el Ministerio de Desarrollo Social se hace cargo de proporcionarles alimentos, los lugares en que se los aloja son centros educativos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de la seguridad y la convivencia se encarga el Ministerio del Interior, y el acarreo de las pertenencias de los desplazados lo lleva a cabo, en su mayor parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al tiempo que los gobiernos departamentales aportan algunos de los camiones de traslado, mientras que los alimentos son elaborados por el Ejército.

El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, dijo ayer que ya está asignado el dinero para que los gobiernos departamentales puedan hacer obras de mantenimiento. “Están habilitados [para 2019] más de 2.600 millones de pesos para el conjunto de las intendencias”, aseguró.

Apezteguía afirmó que la situación no es imprevista: “Ahora llueve así, pero el año pasado [el intendente de Florida, Carlos] Enciso decía que el gobierno tenía que ayudar por la sequía. Las intendencias tienen competencias para encargarse de las cosas y lo tienen que hacer. Más allá de toda la ayuda, que estamos convencidos de que es buena, a nadie le está faltando un peso”, sentenció.