El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, fue llamado a consultas por el gobierno de Mario Abdo en el marco del malestar de éste por el tratamiento que se le dio, en Montevideo, al caso de tres paraguayos requeridos por la justicia de ese país.

Juan Arrom, Anuncio Martí, Víctor Colmán están requeridos por la justicia paraguaya por su presunta participación en un secuestro en 2001. Estaban en Brasil hace 17 años como refugiados políticos, ya que denunciaban que habían sido torturados al ser detenidos. Sin embargo, cuando la Corte Interamericana absolvió al Estado paraguayo por falta de pruebas, Brasil les retiró ese status. Así, los tres llegaron a Uruguay hace dos meses y estaban atravesando el proceso de concesión de refugio, que es confidencial. Esta semana los tres viajaron a Finlandia, donde se les había otorgador refugio previamente.

Las actuaciones de Uruguay y de Finlandia generaron molestias en Paraguay, que el miércoles emitió un comunicado lamentando el “otorgamiento indebido” del estatuto de refugiado en Finlandia y “las facilidades otorgadas [por Uruguay] para asegurar su huida” a ese país. “El gobierno lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas”, indica el comunicado paraguayo, y agrega: “en este caso no hubo persecución política alguna ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos […] estén en peligro de ser conculcados”. Además, el gobierno de Abdo convocó al embajador de Uruguay en Asunción, Federico Perazza, para pedirle “explicaciones” y llamó a consultas a su embajador en Montevideo “en protesta” por la acción de Uruguay.

En una rueda de prensa, el canciller Rodolfo Nin Novoa explicó el miércoles que se trata de un caso “únicamente judicial”: la Justicia le dio refugio y la Organización de las Naciones Unidas consiguió que viajaran a Finlandia, explicó. Además, recalcó que en Uruguay existe la independencia de poderes, por lo que el Ejecutivo no tenía pasos a dar en esa situación.

Este jueves, el embajador paraguayo en Montevideo, ya en Asunción, dijo que él esperaba que la postura de Uruguay fuera otra y recordó que se reunió con la vicepresidenta, Lucía Topolansky, para tratar este tema. Insistió con que se trata de un caso de “criminalidad común” y que en su conversación con Topolansky ella le dijo que “Uruguay no es refugio de criminales, como dándome a entender que se entendía que esto no tenía un sesgo político, mucho menos ideológico”. Cuando un país pide a Uruguay que extradite a una persona que está siendo evaluada para ser refugiada, esa decisión recae en el Poder Judicial, por lo que la vicepresidencia y la presidencia de la Cámara de Senadores no tienen incidencia real en el proceso.