La Justicia citó para este lunes a las 15.00 a los representantes del Partido Independiente (PI) y de Presidencia de la República por la acción de amparo que presentó esta colectividad política para impugnar dos notas publicadas en el sitio web de Presidencia.

El candidato y presidente del PI, Pablo Mieres, llegó junto al abogado Pablo Donnangelo al Juzgado Letrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo unos minutos antes de las 15.00. Allí esperaron al ex periodista y ahora candidato a senador Gerardo Sotelo y subieron al piso cuatro del edificio ubicado en la calle San José. Pero pasaron los minutos y no aparecía nadie de Presidencia. Incluso los periodistas y los políticos llegaron a especular con que, si no aparecían, la Justicia fallaría a favor del PI. Sin embargo, en silencio, sentada a uno de los costados, estaba la abogada de Presidencia, María del Carmen González, una cara hasta ese momento desconocida por la prensa y los políticos.

A las 15.45 comenzó la audiencia, y una de las primeras cosas que el juez Carlos Aguirre le preguntó a González fue a quién pertenece el sitio. “La página web no es una cosa aislada, pertenece a la Dirección de Comunicación de Presidencia”, agregó luego el juez. “Lo que pasa es que esa página la usan todos”, explicó la abogada. Ante esta respuesta, el magistrado objetó que esa dirección pertenece a Presidencia de la República, según su organigrama.

No habían pasado ni diez minutos cuando Aguirre propuso un acuerdo: que Presidencia levantara las notas, sin considerar que se haya incurrido en una ilegalidad. “No sé si sigue este señor José Luis Veiga a cargo”, dijo el juez, e instó “a evitar que se suba en esta página toda publicación que tenga que ver con la contienda electoral”. “Presidencia tiene determinadas atribuciones y limitaciones por su ubicación institucional [...] es la posición del presidente de la República, que es una institución por la que todos debemos velar [...] esta situación no aprovecha a nadie”, consideró el magistrado, que luego opinó: “Al colgar esa opinión están trasuntando indirectamente opinión hacia Presidencia la República”.

Si bien el PI aceptó la propuesta del juez, la abogada de Presidencia pidió consultar a sus “superiores”. “Usted no me puede decir que no tiene facultades para conciliar, porque si no, no la tendría presente. Lo que yo le propongo es que cumpla con su jerarquía”, le respondió el juez, que de todas formas le permitió salir para hablar por teléfono con sus “superiores”. Cuando volvió y dijo que no aceptaba, el juez deslizó: “Se ve que no era alguien entendido en derecho a quien le transmitió”.

Tras 50 minutos de audiencia, y después de que las partes expusieron sus argumentos, el juez decidió hacer una prórroga hasta el miércoles a las 14.15.

Las notas en cuestión fueron las publicadas el 5 y el 8 de octubre. En ellas el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, opinó sobre declaraciones realizadas por Azucena Arbeleche –asesora del Partido Nacional en economía– sobre las calificadoras de riesgo, y se refirió a dichos del candidato blanco, Luis Lacalle Pou, sobre la instalación de la planta UPM2.