El miércoles entró al Parlamento un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que se apruebe el tratado entre Uruguay y China sobre extradición, que fue suscrito en Pekín el 29 de abril de 2019. En la exposición de motivos se señala que la suscripción del acuerdo de “extradición bilateral” supone contar “con reglas claras y negociadas” para el “funcionamiento de este instituto entre ambos países”. “En especial, supone la garantía de que los pedidos de extradición cursados por nuestros jueces sean debidamente atendidos y procesados por el otro país, algo que, en ausencia de un tratado, quedaba librado al derecho interno de la contraparte”, dice el texto. El tratado consta de 22 artículos. El primero establece que es “obligación de cada parte extraditar a la otra parte las personas requeridas”. No obstante, en el tercer artículo se consignan los fundamentos en los cuales “no procede obligatoriamente la extradición”.