Los cuatro ex candidatos opositores y el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, firmaron este martes un documento llamado “Compromiso de país”, que funcionará como base programática en el caso de que los nacionalistas resulten electos en el balotaje del 24 de noviembre.

El texto, de 48 páginas, fue ratificado por Ernesto Talvi (Partido Colorado, PC), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto, CA), Edgardo Novick (Partido de la Gente, PG) y Pablo Mieres (Partido Independiente, PI). Las propuestas en seguridad y educación, que habían generado más discrepancias con el PI y el PC, fueron eliminadas del documento final.

Sociedad pacífica

En el punto seis, titulado “Una policía respetada, una sociedad pacífica”, se quitaron todas las medidas similares a la reforma de la Constitución impulsada por el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), pero se mantiene la declaración de emergencia nacional en seguridad.

En el texto propuesto por los nacionalistas se establecía “la pena perpetua revisable para delitos gravísimos”, algo que los colorados y los independientes no apoyaban porque consideraban que la ciudadanía ya se había expedido el 27 de octubre cuando no aprobó el plebiscito Vivir sin Miedo.

Además, el borrador excluía el régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, homicidio simple, homicidio agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, y secuestro; pero ahora esta medida ya no está.

Si el PN accede al gobierno se compromete a “introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y Policía Aérea, y personal militar realizando operaciones de vigilancia de cárceles y fronteras”, sostiene el nuevo documento, excluyendo a los guardias de seguridad armados, como establecía el borrador.

Entre los acuerdos, se mantiene la recuperación de las comisarías barriales como “generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población”; modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos (pedido de cédula); y conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos.

En el texto nuevo se agrega “la construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad”. En materia carcelaria se mantiene la propuesta de “construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño”, pero se modificó la segunda parte del punto: antes decía que estarían “diferenciadas por niveles de peligrosidad de los internos”, y ahora se catalogarán por el perfil de las personas privadas de libertad.

Docentes con voto

En el punto 8 (“Transformar la educación”) se modificaron casi todos los puntos y se quitaron los más polémicos. El texto propuesto decía que se modificaría la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sustituyendo a los actuales consejos desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales integradas al Consejo Directivo Central (Codicen), manteniendo los representantes docentes “con voz y sin voto”. Ahora el texto asegura que se fortalecerá “el rol director del Codicen de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes”.

Este martes, antes de que se conociera el documento definitivo, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), en conferencia de prensa, había planteado fuertes cuestionamientos a la eliminación del voto de los representantes docentes en los órganos de gobierno de la enseñanza.

José Olivera, integrante del Comité Ejecutivo, había asegurado que la “suspensión de la participación docente en el gobierno de la educación” está planteada en un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de octubre de 2017, que incluye un capítulo sobre Uruguay.

Por otra parte, Alejandra Vespa, secretaria general de Fenapes, cuestionó que la coalición opositora afirme en el documento que el país se encuentra en una “emergencia educativa”. En la introducción del capítulo, los partidos de oposición aseguran que “si no conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser”. Para Vespa en los últimos años se ha avanzado en la ampliación de la cobertura educativa, en particular en educación inicial. Además, la integrante de Fenapes se mostró preocupada porque la propuesta “no menciona en ningún momento lo que pretenden asignar como presupuesto educativo en los futuros años. Sí hablan de recorte del gasto, de la reducción de inversión al nivel del Estado en general, por eso nuestra preocupación”. Un punto que había sido cuestionado pero que fue eliminado era la propuesta de extensión de los liceos militares en el interior del país. En el texto final se agrega que se asegurará “la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública”.

Fenapes citicó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fuera institución rectora de la política educativa nacional. Olivera aseguró que la Constitución “establece que la educación debe ser regida por uno o más consejos en calidad de entes autónomos”, por lo que no le da potestades al MEC en la política educativa: “Quieren mediante una ley modificar la Constitución, lo cual es contra derecho y contra la tradición republicana”, afirmó. El texto final tiene matices con el anterior; ahora asegura que el MEC es “la institución responsable de la política educativa nacional, sin perjuicio de los cometidos de la ANEP, la Udelar y la Utec”.

Los cambios y las propuestas en cada punto del acuerdo opositor

1. Cuentas públicas

El nuevo documento no señala a “los gobiernos del Frente Amplio (FA)” como el anterior sino que plantea que “los últimos gobiernos no supieron administrar la abundancia de la que se beneficiaron”.

En cuanto al diagnóstico, el nuevo documento expresa que “las necesidades fiscales, traducidas en aumentos de impuestos y tarifas, en emisión de deuda y en atraso cambiario, han puesto contra las cuerdas al sector productivo, lo que derivó en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo”. A los anteriores contenidos se agregaron las propuestas de disminuir el déficit fiscal “para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio”, y la de realizar durante 2020 una auditoría de gestión “que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos”. “Aspiramos a un Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables”, se deja en claro, incluyendo entre las propuestas la de reducir la “flota vehicular del Estado” y los cargos de particular confianza, “especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública”.

2. Transparencia

En este punto también se cambió la mención a “los gobiernos del Frente Amplio” por “durante los últimos años”, en referencia a que “el Estado se ha vuelto más ineficiente, más opaco y más burocrático”. Se retiró la propuesta de “modernizar la institucionalidad del Banco Central”, dejando sólo la propuesta de fortalecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas, y se agregaron la promoción de una ley que “establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales”, y la “incorporación de un paquete de leyes anticorrupción: enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio”.

3. Empresas públicas

En este punto se agregó la propuesta de “aplicar a las empresas públicas las mejores prácticas de gobierno corporativo”, “establecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión”, y “fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras”.

4. Competitividad

En la afirmación “es fundamental implementar medidas que promuevan la competitividad y mejoren las condiciones de vida de los uruguayos”, se quitó “que promuevan la competitividad”. Se propone utilizar los ahorros por mejorar la eficiencia del sector público “en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad” y “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas”, lo que sustituyó a la propuesta del borrador de “autorizar la importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución”.

En el nuevo documento se cambió el orden de algunas propuestas y se agregó: “avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica”, “impulsar al sector agropecuario como motor de la economía”, así como “fortalecer técnicas productivas y líneas de investigación que promuevan una producción ambientalmente sostenible”, e impulsar y fomentar la “incorporación de I+D+i”. Se agregó también un “plan de mejora de la seguridad rural, particularmente en relación al abigeato”.

Se mantuvo la propuesta de “modificar la Ley de Inclusión Financiera” para que no incluya “la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del sistema de intermediación financiera”.

5. Inserción internacional

En el documento plantean que, tras años de “una política exterior movida por las afinidades ideológicas”, Uruguay quedó “encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado del mundo. Entre las nuevas propuestas que incluyen en este capítulo está el desarrollo de un Plan Estratégico de Política exterior 2020-2025 y un “programa de internacionalización de la tecnología que incluya la instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y para promover la cooperación de la industria local con industrias globales”.

6. Defensa

Al igual que en el borrador, se mantiene la intención de modificar la Ley Orgánica Militar, aprobada en junio de 2019. El senador Javier García, del Partido Nacional, ya había adelantado mientras se votaba la iniciativa que su partido la revisaría en caso de ganar el gobierno, porque no había sido producto de un acuerdo multipartidario. En su momento, el legislador cuestionó que la iniciativa debilitaba al personal subalterno, dejando a las cantinas militares como algo “excepcional”.

El cambio respecto al borrador radica en la eliminación de la “vivienda militar”. En el documento inicial se planteaba que se fomentaría el “acceso a la vivienda digna” de los subalternos, a través de planes generales de vivienda y, en el documento firmado por todos los partidos, se establece la creación de una “nueva escala salarial” para las FFAA, con un “énfasis” en la “recuperación de los niveles salariales mínimos”.

7. Políticas sociales

En este punto, se elimina la mención al oficialismo como “incapaz” de terminar con la “fractura social” y se afirma que “hoy” el país está golpeado por la “fractura social, la marginalidad y la vulnerabilidad económica de muchos hogares”.

Se mantienen todos los puntos del borrador, que incluyen, entre otras cosas, revisar las “estrategias de acción del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)[...] reduciendo la burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales”; mejorar la “eficacia de las Asignaciones Familiares y otras formas de transferencia monetaria, manteniendo el nivel de las prestaciones; poner el foco en las “familias” como agente “fundamental” de “protección contención e impulso al desarrollo personal”, desde una actitud “de diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias”.

El agregado de este capítulo es que, en la medida que las cuentas públicas lo habiliten, “considerar una eliminación gradual del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social”.

8. Agenda de derechos

En este punto se mantienen casi todos los ítems del borrador. Tal como había demandado el PI, se mantiene el “compromiso con la verdad sobre los desaparecidos” y la utilización de “todos los instrumentos jurídicos disponibles”, así como “recursos necesarios” para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos.

Se elimina el punto que hablaba de la política exterior, en el que se establecía que se denunciaría a los “regímenes políticos violadores de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, sean del signo político que sean” y, en cambio, se agrega un inciso que establece que se llevarán adelante “políticas públicas acordes a los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, así como las “recomendaciones” de los tratados y del Examen Periódico Universal al que Uruguay adhiere. “No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras”.

9. Trabajo

En este capítulo, se hace énfasis en el “reconocimiento” de los Consejos de Salarios y los partidos de la oposición se comprometen con su “continuidad”. “Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto”, se sostiene en el documento.

Se agrega a este capítulo la defensa del “poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos”.

10. Salud

El texto original planteaba la implementación de una “Receta Única Nacional, con el fin de que cada usuario del Sistema de Salud pueda retirar sus medicamentos en cualquier farmacia del país”, pero fue quitado del documento final. Se agrega la creación de una agencia independiente de evaluación de tecnologías.

11. Medio ambiente y bienestar animal

El documento final agrega que se velará “por el pleno cumplimiento del marco legal ambiental durante los procesos de construcción y funcionamiento de emprendimientos industriales”. Se mantiene la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, “mediante una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente”.

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