La Administración Nacional de Puertos (ANP) y el consorcio integrado por las empresas Movilex Recycling Uruguay SRL, Movilex Recycling Latam SA y Movilex Recycling España SL firmaron el martes un contrato para el retiro y desguace de 22 embarcaciones y restos que están en la bahía del puerto de Montevideo, precisamente en la zona denominada “cementerio de barcos”, detrás del dique de cintura. Una vez liberado, este espacio se va a utilizar como zona de fondeo para barcos activos. La ANP abonará una suma total de 3.350.750 dólares al contratista, que deberá efectuar el retiro total de las embarcaciones y restos en un plazo de 540 días corridos luego del acta de entrega de los barcos, que será firmada entre el 7 y el 14 de enero de 2020.

Algunas de las embarcaciones que se retirarán permanecen allí desde hace diez años y, en promedio, tienen 50 metros de eslora y cinco de calado en condiciones de carga, aunque hay barcos de menor y mayor porte, explicó a la diaria el presidente de la ANP, Alberto Díaz. El jerarca recordó que algunas de las embarcaciones abandonadas en la zona que antes se conocía como antepuerto (que en total son más de 50) no estaban en manos del Estado, para lo cual se debió modificar la legislación sobre el abandono de embarcaciones y “hacer el proceso más ágil; eso se logró y ya tenemos más barcos pasados a favor del Estado”, indicó. Díaz celebró la concreción del acuerdo y afirmó que espera que la nueva administración “tenga los mecanismos para evitar que se sigan abandonando barcos” en el puerto de la capital.

Movilex licitó por un precio unitario de 150.000 dólares por barco y eligió la zona de Puntas de Sayago para hacer el desguace. “Ahora corresponde elegir sobre qué barcos se va a trabajar y hay que tener en cuenta las particularidades de cada uno”, explicó Díaz, y señaló que hay algunos que están flotando, otros que hay que hacer flotar para poder trasladarlos y otros a los que hay que alivianar para que puedan entrar con el calado adecuado en el lugar de desguace. También sostuvo que se debe tener “mucho cuidado con el tema del medioambiente”, por ejemplo, estudiando previamente si los barcos tienen residuos que puedan contaminar. Por estas razones, hay una primera aprobación del plan de desguace que debe hacer Prefectura y una segunda, del vertido de los restos, que le compete a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Si bien una vez que se firme el acta de entrega de los barcos las empresas tendrán la posesión para iniciar las tareas, no obtendrán su titularidad. “Nunca van a tener la titularidad de los barcos, lo que se les va a ir pasando es la chatarra que generan; hay chatarra que se va a exportar y restos que se tratarán en el país”, explicó Díaz. 30 días después de la firma del acta empezará a transcurrir el plazo de ejecución de las obras, que podrá ser prorrogado por la ANP con la debida justificación por parte del contratista, que deberá ser presentada por escrito con una antelación de 60 días a la finalización del plazo inicialmente estipulado.

Los barcos de Carmelo

El 15 de diciembre de 2018 tres barcos abandonados en un astillero en desuso en el arroyo Las Vacas se soltaron de sus amarras y, arrastrados por la corriente, impactaron contra el puente giratorio de Carmelo, a raíz de lo cual este se averió y la ciudad coloniense quedó aislada durante 72 días. Un año después del suceso, la Justicia no ha determinado aún responsabilidades penales, algo que generó críticas del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien señaló que el presidente Tabaré Vázquez autorizó un millón de dólares para sacar las embarcaciones del arroyo, pero esta tarea no se puede realizar hasta que la Justicia delimite responsabilidades.

“Reparar el puente costó dinero; parece que este es el país donde la gente hace lo que se le antoja y no se hace responsable de las consecuencias de sus actos. Los que tenían barcos ahí amontonados, pudriéndose, tienen que ser responsables, y eso lo establece la Justicia, no yo”, afirmó el jerarca, según declaraciones recogidas por Radio Uruguay. Por su parte, el presidente de la ANP dijo a la diaria que “ese espejo de agua le corresponde a Prefectura y el astillero está bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Hidrografía”, y que ambas instituciones “están tramitando algún decreto o alguna ley especial para poder hacerse cargo de esos barcos”, aunque se trata de “una situación compleja” que también está ocurriendo en el río Uruguay a la altura de Paysandú. “Es una situación que no es propia de Uruguay pero la estamos sufriendo hoy nosotros”, reflexionó Díaz.