A mediados de este año, el gobierno anunció que no habría aumento de las tarifas públicas hasta el fin de este período. El lunes, después de las reuniones entre el Ejecutivo y el presidente electo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, confirmó al programa Arriba gente, de Canal 10, que no se aumentarían las tarifas y se disparó la polémica.
La futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, solicitó una reunión de urgencia con el coordinador de la transición por parte del gobierno, Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para conocer los motivos de la decisión. A la reunión de este martes la acompañaron el director de ANCAP Diego Labat y Alejandro Irastorza, director del Banco República por el Partido Nacional (PN) durante el gobierno de José Mujica. Luego de la reunión, Arbeleche contó que la intención del encuentro era saber “cuáles son los números que hay detrás de las proyecciones de las empresas públicas para 2020, que llevan a esta decisión de no aumentar las tarifas públicas en enero” y dejarlas “congeladas”. Según explicó, es usual que en Uruguay se ajusten las tarifas el primer día del año y, en ese sentido, reconoció que el PN no ha compartido los “criterios” que han llevado a las tarifas “por encima de los costos asociados a cada una de las empresas públicas”.
Lo que causó malestar, afirmó Arbeleche, fue que mientras “estábamos en el piso 11 y hablábamos en este clima muy cordial y directo, abajo se estaba confirmando que no había un aumento de tarifas; de ahí la sorpresa de nuestra parte. Más que sorpresa, nos llamó la atención que siendo un punto relevante y que queríamos discutir se estuviera ratificando algo que ya estaba, pero que además se extendía hasta el fin de esta administración”. Arbeleche dijo que la expectativa del gobierno entrante era “sentarse y discutir si era oportuno o no –de acuerdo a los costos de cada una de las empresas– realizar una corrección en las tarifas públicas”.
Por su parte, García recalcó en una conferencia de prensa que esa información era “pública y conocida por toda la población y, por supuesto, por los integrantes del gobierno electo”. También dijo que la intención de la reunión era quitar “todo tipo de suspicacia política” a la decisión de no aumentar las tarifas. El director de la OPP añadió que Arbeleche solicitó información sobre la situación económica y financiera de las empresas públicas, así como de otros temas, como el Imesi, el ajuste de los salarios y la base de prestación contributiva. “Esa información, en caso de tenerla, se la haremos llegar, como corresponde, a la brevedad posible”, afirmó.
Por otra parte, García cuestionó algunas de las cifras que manejó el lunes el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien en una entrevista con Canal 4 calculó que la pérdida de ingresos a rentas generales será de 400 millones de dólares y afirmó que su compromiso había sido “ahorrar 900 millones de dólares y después proceder a una baja de tarifas”. “El gobierno nos pone la carreta delante de los bueyes”, disparó Lacalle Pou el lunes.
García, en tanto, afirmó que las cifras que maneja el gobierno electo están “absolutamente sobredimensionadas”, porque corresponden “aparentemente a un período de un año”. “Aquí estamos hablando de que las tarifas que se ajustaron en otro momento no se ajustarán hasta el fin del período de gobierno. Es decir, son dos meses. Eso tiene un impacto bastante más limitado que las cifras que se manejan públicamente”.
Además, adelantó que el gobierno confeccionó un calendario para hacer una “transición ordenada”, que contendrá informes de 15 puntos que serán entregados al gobierno electo a partir del 10 de diciembre.