La Fiscalía General de la Nación (FGN) presentó ayer el balance de los dos años de implementación del Código de Proceso Penal (CPP), con la participación de Diego Gonnet, encargado del departamento de Políticas Públicas, y Jorge Díaz, fiscal de Corte.

En el informe se señala que si bien la puesta en marcha del nuevo proceso acusatorio, adversarial y público “fue sin duda el cambio más sustantivo” introducido en el sistema penal por el CPP, no fue el único, y se concretaron “cambios organizacionales y de gestión profundos”, como los del proceso de priorización de denuncias. Por ejemplo, antes del CPP los responsables de cada seccional “analizaban periódicamente las denuncias que se presentaban en su unidad y según sus criterios seleccionaban algunas para comunicarlas al Juzgado competente”. En cambio, hoy “todas las denuncias de delitos registradas por cualquier autoridad deben ser comunicadas inmediatamente a la FGN”. Así las cosas, en el informe se consigna que en 2016 se registró un promedio de 19.680 denuncias de delitos por mes, de las que 7.637 (39% del total) “eran comunicadas por las autoridades policiales, telefónicamente o por escrito, al Juzgado competente”. Entre enero y octubre de 2019 el promedio de denuncias tituladas como delitos fue de 25.476 y se comunicó “el 100% en forma automática a la FGN”. En el documento también se señala que es posible medir “la productividad del sistema penal” al observar la cantidad de denuncias para las que se logra imputar al menos a un responsable. En esa gráfica se muestra que en noviembre de 2017 hubo 430, mientras que en octubre de 2019 hubo 1.622.

Foto del artículo 'Dos años del CPP: 69% de presos con condena y récord histórico de personas privadas de libertad'

En otro apartado se destaca la “eficacia en la imputación” por tipo de delito. Allí se hace una consideración particular a los hurtos y las rapiñas, porque los primeros son los más frecuentes y representan “45% del total de denuncias registradas cada año” y las segundas “constituyen menos del 10% de las denuncias registradas, pero tienen un componente de violencia que las vuelve muy significativas para las víctimas y su entorno, afectando además el uso del espacio público”. Entonces, señalan las cifras, en el marco del CPP “se están logrando cada mes un 61,7% más imputaciones de personas por denuncias de rapiña y un 35,6% más por denuncias de hurto que en los períodos de referencia de 2017”.

En cuanto a los homicidios dolosos consumados –que excluye de las estadísticas “las muertes causadas por negligencia, suicidio o accidente, así como los decesos que son fruto de actos de funcionarios policiales en cumplimiento de la ley o de acciones realizadas por civiles en legítima defensa”–, se señala que, desde que se implementó el CPP, “55,8% de las denuncias analizadas tenían un imputado, condenado, o se habían archivado o extinguido por fallecimiento del indagado”, y en 36,6% del total “se obtuvo al menos una condena, sea por juicio abreviado u oral”. “Un 2,9% de estas investigaciones se archivaron por no poder identificarse a los autores o comprobarse judicialmente su participación en el homicidio. El restante 41,4% de estas denuncias continúa en investigación, sin imputados”, se agrega.

“La realidad es esta”

Por último, en el documento se consignan los efectos del CPP en el sistema carcelario. Se subraya que el primer objetivo del CPP en ese aspecto era “reducir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena y el largo tiempo en que se mantenía dicha situación, contraria al principio de presunción de inocencia”. Los números muestran que a fines de 2017, 70% de los adultos privados de libertad estaba en situación de prisión preventiva, mientras que sólo 30% tenía condena. En cambio, en julio de 2019, 69% de los presos tenía condena y 31% estaba en prisión preventiva. En el informe se destaca que “la reversión de este problema histórico fue sorprendentemente rápida”.

Por último, en cuanto a la cantidad de presos, se señala que desde el inicio de la aplicación del CPP “se manifestó a nivel de la opinión pública y expertos cierta incertidumbre acerca de cómo evolucionaría la cantidad de privados de libertad”. “Por ejemplo, en algunas oportunidades se manejó como hipótesis que el menor uso de la prisión preventiva y la aplicación más frecuente de penas alternativas a la prisión resultarían en un estancamiento o directamente una disminución en la población privada de libertad en el mediano y largo plazo”, se señala. Los números muestran que en los dos años de implementación la cifra de adultos privados de libertad aumentó a 11.603, lo que representa un nuevo récord histórico para Uruguay (en mayo de 2015 había 9.854 y en 1999 eran 4.117).

Luego de mostrar las cifras, Díaz señaló en conferencia que “pocas veces un sistema procesal ha sido tan criticado y cuestionado” en Uruguay, ya sea desde el sistema político como desde la administración de la Justicia. “Nosotros hemos mantenido siempre la misma postura, y lo seguiremos haciendo, en el sentido de que creemos que es una reforma imprescindible para el país”, en la medida en que significa “un sistema procesal penal absolutamente garantista pero al mismo tiempo eficiente”, agregó. Díaz dijo que, luego de dos años de implementación del CPP, se demuestra que el sistema es “mucho más eficaz y eficiente” que el anterior, y subrayó la cifra récord de presos, aunque acotó que no está muy convencido de que “tener muchos privados de libertad sea bueno para el país”. “Pero la realidad es esta, los cuestionamientos hoy caen por su propio peso”, finalizó.