El senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional y precandidato del Partido Nacional (PN), lanzó ayer, mediante una columna publicada en el sitio web de su sector, varias propuestas de gobierno en materia ambiental. El nacionalista plantea la creación de un defensor nacional del medioambiente, de una agencia de monitoreo ambiental y de juzgados especializados en la materia. En los tres casos, se trata de medidas contenidas en proyectos de ley que Larrañaga presentó en períodos anteriores.
Sobre la agencia de monitoreo ambiental, sostuvo que debe ser independiente, “libre de presiones políticas y de intereses corporativos, y estar sujeta al control parlamentario”, con el argumento de que sin “autonomía técnica, política y financiera” los controles no pueden ser independientes. En noviembre de 2018, Larrañaga presentó un proyecto de ley para la creación de esta agencia; en la exposición de motivos el senador decía que esta tendría la finalidad de analizar, estudiar y monitorear la situación ambiental de los ríos y cuencas.
El nacionalista también propone que se cree la figura de un ombudsman ambiental, que sea “protagonista activo de todas las denuncias y procesos vinculados a la protección del medioambiente”. En el proyecto, que presentó en abril de 2012 y en junio de 2015, el nacionalista planteó que la figura se llame Defensor Nacional del Medio Ambiente, Territorio, Patrimonio Cultural y Artístico. El texto dice que el ombudsman podría “actuar ante poderes públicos, incluyendo el Poder Judicial, frente a todo acto, hecho u omisión en que presuntamente se vulnere algún derecho humano individual o colectivo referente a cuestiones ambientales, de ordenamiento territorial y del patrimonio histórico cultural y artístico”. En la exposición de motivos, Larrañaga dice que propuso un “órgano unipersonal” para “evitar las dilaciones deliberativas en temas que son generalmente de urgencia”.
La tercera iniciativa de Alianza Nacional es la creación de juzgados de medioambiente con “perspectiva eco-sistémica”. Esta idea estaba incluida en el proyecto de 2015 en el artículo 2. Ayer Larrañaga reiteró que la especialización es necesaria porque daría “cumplimiento efectivo al mandato constitucional de protección al medioambiente”.
La senadora del PN Carol Aviaga (Todos) explicó a la diaria que no hubo consenso en la Comisión de Medio Ambiente de la cámara alta para tratar los proyectos de Larrañaga. Ahora la comisión está estudiando una iniciativa del Poder Ejecutivo para la gestión integral de residuos, enviada al Parlamento en junio de 2018. Luego empezará a discutir un proyecto de la propia Aviaga para prohibir el uso de glifosato y otros herbicidas como modo de control de malezas en espacios verdes de uso público (jardines, canchas de deporte, plazas o parques). “Yo tuve reuniones con el fiscal [de Corte, Jorge] Díaz y con la gente del Ministerio de [Vivienda, Ordenamiento Territorial y] Medio Ambiente para redactar un proyecto sobre derecho ambiental, y resulta que al oficialismo le gustó la idea pero después nos obviaron a la hora de trabajar, y se negaron a tratar los proyectos del doctor Larrañaga”, comentó la senadora. En febrero de 2017, el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente, que según Aviaga tomó, sin consulta previa, una iniciativa suya, otra del diputado nacionalista Gerardo Amarilla (Todos), y la de Larrañaga. Este proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Las propuestas de Todos
El diputado Amarilla aseguró a la diaria que el sector liderado por Luis Lacalle Pou ve la necesidad de “simplificar y fortalecer” la actual institucionalidad en materia ambiental. Indicó, por ejemplo, que no se plantean por ahora crear un ministerio separado, y señaló que “existe una necesidad urgente de mejorar la coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales” en esta materia.
Amarilla opinó que Uruguay tiene un “problema serio” con el agua que lo pone “ante una emergencia ambiental”, por la contaminación de los cursos fluviales y sus fuentes subterráneas. Afirmó que “la gestión de OSE es de pésima para abajo”, y aseguró que es necesario buscar una fuente alternativa de agua para Montevideo, porque no se puede “seguir dependiendo de la cuenca del Santa Lucía en forma exclusiva”. Además, comentó que “hemos visto que a muchas empresas [a las que] les conviene seguir contaminando y pagando [por ello]”, y que hay que adoptar previsiones para frenar esa conducta.
El legislador coincidió con Larrañaga acerca de la necesidad de especializar a fiscales en delitos ambientales, pero dijo que no está seguro de que sea necesario crear nuevos juzgados. De todos modos, consideró que la del ombudsman “es una figura interesante”, porque “tendría una independencia, como la del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario”.
Sobre la agencia de monitoreo, señaló que ya hay un organismo similar, propuesto por Pedro Bordaberry (Partido Colorado), que “teóricamente está dentro del Ministerio de Vivienda, algo que cuestionamos en su momento porque una agencia de monitoreo tiene que ser un servicio descentralizado o un ente autónomo”. “Eso es parte de la reestructura que proponemos”, apuntó.