En el marco de la causa argentina que involucra el espionaje hecho por el falso abogado Marcelo D’Alessio, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, este magistrado accedió a un informe sobre lo que contenían las computadoras y los celulares de D’Alessio, redactado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo público argentino que funciona de manera autónoma, integrado por “referentes de organismos de derechos humanos, el sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos”, según se lo describe en el documento presentado, dado a conocer el sábado por la revista argentina Noticias.

Que el juez le haya pedido colaboración a la CPM es uno de los motivos por los que el gobierno argentino, por medio del Ministerio de Justicia, inició trámites para que el Consejo de la Magistratura de este país remueva de su cargo a Ramos Padilla, por considerar que se está manejando con criterios políticos.

El informe de la CPM, de 61 páginas, incluye un subcapítulo titulado “Presuntas prácticas de espionaje ilegal en el territorio de la República Oriental del Uruguay ante el supuesto de actos terroristas”. Según esa sección, una de las carpetas encontradas en la computadora de D’Alessio reúne información sobre “actividad comercial de empresarios uruguayos, argentinos, colombianos e iraníes”, con un archivo que analiza “el inminente despliegue comercial de Irán”, de octubre de 2017 al mismo mes de 2018. Allí, D’Alessio registra el interés de empresas iraníes en “instalarse, comerciar y explotar negocios en Argentina”, y prevé que, en el caso de que se concretaran esas acciones, Argentina se convertiría en un “país colaborador” para sortear las sanciones de bloqueo comercial contra Irán, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

La CPM sostiene, en el documento que maneja Ramos Padilla, que la investigación de D’Alessio “habría sido iniciada a partir de la compra y venta de empresas, así como de productos de combustibles y de la construcción, que luego derivó en una serie de actividades de espionaje, como la toma de fotos de manera subrepticia a los señores Facundo Trías (posiblemente de nacionalidad uruguaya), Martín Ortiz (argentino) y Manuel Londoño (de nacionalidad colombiana)”. También se asegura en ese informe que, “según lo explicitado por el propio D’Alessio, la motivación de tales tareas de inteligencia serían actividades ‛terroristas’ que tendrían como objetivo la ‛detección’ de una delegación comercial iraní clandestina, con asiento en Montevideo, República Oriental del Uruguay”.

El documento incluso reproduce un diálogo de D’Alessio, vía Whatsapp, con el fiscal federal Carlos Stornelli sostenido en diciembre del año pasado, en el que le ofrece “un caso de terrorismo”. Ante la respuesta positiva del fiscal, D’Alessio le pregunta si puede, además de aportarle la información, coordinar con “Santoro”, una presunta referencia al periodista de Clarín Daniel Santoro. Luego le cuenta de qué va el tema: “Es la embajada paralela de Irán q está en Montevideo. Si macri o María Eugenia llega a comprar el cemento o Diésel q ofrecen con cobertura de empresas rusas, nos quitan el acuerdo del FMI!! Te vas a ganar más que un premio. Mucho más!!”.

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