La Ley Integral para Personas Trans (N° 19.684), aprobada en octubre de 2018, volvió al debate público después de que dos dirigentes del Partido Nacional (PN) presentaran el lunes firmas por un referéndum para derogarla. Según afirmaron, son 69.360.

La campaña denominada “Todos somos iguales” fue impulsada por el precandidato del PN Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante Pro-Vida) y por el diputado nacionalista Álvaro Dastugue (Esperanza Nacional), pero el resto del partido no se sumó a la recolección de firmas. El Directorio del PN trató el asunto el lunes, a raíz de una nota enviada por jóvenes que integran el Frente Nacional Carlos Quijano. A la salida del Directorio la presidenta del PN, Beatriz Argimón, dijo en conferencia de prensa que el recurso de referéndum fue presentado “haciendo uso de una herramienta de la Constitución”, pero aclaró que no se trata de una posición partidaria. El secretario del Directorio, Pablo Abdala (Lista 2004), dijo ayer a la diaria que la ley es un tema “que afecta cuestiones de conciencia que se vinculan a definiciones personales”, por lo que “no está mal que se lleve a la consulta popular”. De todas formas, aseguró que, como en el caso de otras leyes sometidas a referéndum (por ejemplo, la de interrupción voluntaria del embarazo), una vez que la ciudadanía defina, el tema quedará laudado. “Si mañana gana el PN no debe reabrir estas discusiones, porque generan irritación y división en la sociedad”, afirmó.

En la carta que propició el pronunciamiento del Directorio, los jóvenes blancos pidieron discutir de manera “responsable la llamada ‘agenda de derechos’”, y que si el PN llega al gobierno no se dé “ni un paso atrás en los derechos conquistados”. “Un compromiso público e institucional sobre el tema sería estar, una vez más, a la altura de la historia del PN”, sostuvieron.

Los jóvenes también lamentaron que Montevideo Portal haya presentado la noticia con el título “El PN presentará 60 mil firmas para derogar la ley trans”, involucrando a todo el partido y no sólo a dos de sus integrantes.

El inicio del proceso que podría terminar en la derogación generó repercusiones en el Frente Amplio (FA). Ayer la diputada Bettiana Díaz (MPP) publicó en su cuenta en Twitter: “Cuando aprobamos la Ley Trans garantizamos derechos que ya existían a personas que nunca los habían podido ejercer. Es lamentable que desde algunas tiendas usen el odio y la transfobia como un movilizador electoral. ¡Ni un paso atrás en derechos! Al odio se le gana con amor”.

En tanto, el diputado Martín Couto (Ir) dijo a la diaria que la ley “lo único que hace es reconocer derechos”, y que quienes se oponen a ella están “de acuerdo con que haya ciudadanos y ciudadanas de clases A y B”. Sobre la información que manejan los impulsores de la derogación, aseguró que “tergiversan y engañan”. “Parece algo que apunta a crecer electoralmente”, afirmó. No obstante, dijo que es interesante dar la discusión para “ganar cada vez más terreno a esas concepciones morales que terminan sosteniendo una enorme discriminación para una gran parte de la población”.

En tanto, el edil del Partido Colorado Daniel Villaamil denunció el lunes, a través de un comunicado, que los promotores del referéndum no informan correctamente sobre lo que dice la ley, afirmando que permite la hormonización de niños y adolescentes, lo que es falso. “Ese artículo polémico fue retirado en la comisión antes de aprobarse, cuando se estaba estudiando el proyecto de ley. La ley contempla la palabra ‘hormonal’ una sola vez en todo su cuerpo, en su artículo uno”, señala Villaamil. También comenta que quienes impulsan la derogación “afirman que la ley ‘introduce la ideología de género’”, pero que eso, a su entender, “son meros artilugios de parte de quienes no simpatizan absolutamente para nada” con la norma. Lo que sí cuestiona Villaamil es que la ley, a su juicio, “otorga privilegios a las personas trans por encima del resto de los ciudadanos”, al darles reparación a las que fueron reprimidos durante la dictadura. “Las personas que usaban barba, por ejemplo, también fueron discriminadas, ergo, yo haría un proyecto de ley para establecer un régimen reparatorio para las personas que usaron barba y bigote entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985”, arguye el edil.