El economista y contador Mario Bergara, ex presidente del Banco Central y actual precandidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), no se desanima por ser el último en carrera –según encuestas– en las internas de su fuerza política. Sigue pensando en clave de presidencia, empecinado en “dotar de contenidos” la campaña para enaltecer la política, que le parece “denostada”. Para conversar sobre su campaña y sus propuestas, Bergara recibió a la diaria en su sede de Cerro Largo y Arenal Grande.
Las encuestas lo ubican último. ¿Eso cambia su perspectiva sobre la campaña?
Uno siempre trabaja para tener lugares más competitivos y mayores chances, sobre la base de respetar ciertos principios básicos, como respetar a todo el sistema político, no solamente a los compañeros con quienes competimos en la interna del FA. Nos interesa que se pongan sobre la mesa los problemas que tenemos que abordar mirando la realidad, y dotar de contenidos la campaña, no sólo de eslóganes o de frases efectistas. Ponemos mucho énfasis en el proceso de renovación del FA, y eso arranca por renovar la visión del mundo, que ha cambiado muchísimo con respecto a cuando el FA comenzó a gobernar. Mirar la realidad de frente es lo que nos permite después, como izquierda, transformarla en una dirección progresista.
¿Ocuparía el segundo lugar en la fórmula presidencial?
Eso hay que ir viéndolo secuencialmente. Hay que esperar a junio para ver ese tipo de formulaciones. Como regla general, primero competimos firmemente para ganar la interna, y después vamos a dar el máximo de nuestro esfuerzo, desde el lugar en que haya que hacerlo, para que el FA tenga su cuarto gobierno.
Hay una nueva generación de votantes. ¿Cómo piensa acercarse a los jóvenes?
El bagaje político-cultural y las experiencias de vida que traen los jóvenes son muy distintos de los de generaciones anteriores, por motivos lógicos. Estamos hablando de casi un cuarto de millón de nuevos votantes, que no sólo no vivieron la época de la dictadura y demás, sino que prácticamente no vivieron bajo gobiernos que no fueran de FA. Nuestras generaciones tuvieron por experiencia de vida la necesidad de conformar una cosmovisión política más amplia, y los jóvenes de hoy, en general, llegan a la política desde temas concretos. Tienen focos fuertes en aspectos vinculados con la agenda de derechos, el feminismo, el combate a la discriminación de muchos colectivos y temas ambientales. A menudo, es desde esos puntos de partida que se aproximan a la cuestión política, y es con esa lógica que tenemos la mejor chance de que a los jóvenes les interese la política. El diálogo político con los jóvenes tiene formas e historias diferentes, pero es fundamental. Tenemos grupos organizados de jóvenes apoyando nuestra precandidatura.
Usted reivindicó la necesidad de reducir el déficit fiscal. ¿Qué propone para hacerlo?
El gobierno planteó hace dos años que no era factible sostener por mucho tiempo un déficit fiscal de esta naturaleza, y nosotros compartimos esa afirmación. Hay algunos componentes del gasto público que son muy rígidos: son los que están explicando esta dinámica de que no baje el déficit fiscal. A veces uno escucha muchos planteamientos que suenan lindos, pero resultan demagógicos. Hay que mirar la resolución financiera del déficit con base en los rubros que mueven la aguja. Un componente muy importante es el déficit que tiene el sistema de seguridad social. Es un tema que tenemos que abordar al inicio del próximo gobierno de manera multipartidaria. No puede ser botín del juego político menor, porque es una cuestión muy central para el mediano y el largo plazo, no estrictamente de un gobierno o de un partido. No hay que inventar la pólvora en esto, otros países con características demográficas similares a las de Uruguay han aplicado modalidades de retiro parcial de la vida laboral, por ejemplo. Además de fortalecer el régimen de seguridad social como tal, es una de las cosas que va a apuntar significativamente a la resolución estructural del desequilibrio financiero del Estado.
El Congreso del FA acordó revisar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y aumentar la aplicación al capital del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. ¿Que haría al respecto desde la presidencia?
Estoy de acuerdo con eso como señal de equidad, pero no creamos que por esa vía vamos a resolver la cuestión financiera. Estamos hablando de una recaudación eventual de las que no mueven la aguja. Hay que pensar el sistema tributario y sus posibles variantes en términos de equidad, pero también de capacidad de fiscalización, y en forma consistente con el cuidado de la inversión, que es el principal eslabón de la cadena productiva. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay generación de ingresos y no hay capacidad de cobrar impuestos. Uruguay, de hecho, tiene impuestos a la actividad empresarial que no son bajos en un comparativo internacional, y esto puede ser así porque otorga otras garantías: jurídicas, de credibilidad de las instituciones, de respeto a los contratos y demás, que también son un valor.
Sin embargo, se les otorgan altas exoneraciones fiscales a las empresas, sobre todo a las instaladas en zonas francas. Allí el Estado renuncia a miles de millones en impuestos.
Es falaz decir que estamos regalando plata. Si uno lo plantea así, debería estar seguro de que esa inversión se habría hecho igual si no estuviera en un régimen de promoción de inversiones. El régimen de zonas francas resultó hábil para megaemprendimientos, para cuestiones de logística y para la exportación de servicios globales basados en capital humano. El grueso de esa “renuncia” fiscal es efectivamente en las zonas francas, pero allí hay dos cosas importantes. Primero: ¿alguien puede asegurar que UPM, en 2006, habría venido a Uruguay si no fuera en un régimen de zona franca? Lo mismo vale para Montes del Plata y para tantas otras empresas que reciben beneficios tributarios mucho menores. Hasta 2006 la inversión en Uruguay estaba en 13% o 14% del Producto Interno Bruto [PIB]: competíamos por el último lugar de América Latina con Haití. A partir del régimen de promoción de inversiones y el crecimiento de la economía, esos niveles llegaron a ser de 22% a 24%. Hoy estamos más bien alrededor de 17%. Segundo, los contratos por megaemprendimientos en las zonas francas se otorgan por 30 años, así que plantear hoy que eso habría que cambiarlo implicaría violentar contratos y reglas de juego, y ante una demanda en cualquier corte internacional llevaríamos 100% de las chances de perder.
Mario Bergara.
Foto: Pablo Vignali
¿Qué valoración hace de la inclusión financiera?
Muy buena. Creo que ha sido una de las últimas reformas relevantes que hemos hecho en los gobiernos del FA. La sociedad ha abrazado el tema de la inclusión de muy buena gana. Hoy hay cientos de miles de trabajadores que están aprovechando los servicios financieros. A su vez, esta ley ha generado competencia en el sistema financiero, porque los bancos compiten con nuevos agentes. En materia de utilización de medios electrónicos, pasamos de menos de 8% a 40%, y estos medios son más seguros, más transparentes y más informativos. Ganamos en transparencia y en eficiencia. La inclusión financiera nos ha modernizado, nos ha puesto a tiro en cosas que en el mundo ya pasaban hace 20 o 25 años.
Sin embargo, hay pequeños y medianos comerciantes que ven como un problema los aranceles de pagos de tarjetas, y plantean que hay desfasajes en la acreditación del dinero.
La negociación y el acuerdo del gobierno con las empresas de las tarjetas llevaron a una reducción enorme de los aranceles que se cobraban antes de la inclusión financiera. En las tarjetas de débito el tope de arancel es 1%; para las de crédito es más alto, pero antes era mucho más alto. Efectivamente, cuando se paga con tarjeta de crédito capaz que el comerciante cobra a los 30 días, pero con tarjeta de débito cobra al día siguiente. También hay una cuestión de cambio cultural en la demanda de los uruguayos: mucha gente dejó de consumir en locales donde no se aceptan medios electrónicos. Si el POS no es costoso y el arancel de la tarjeta no es prohibitivo, influye en la elección de los consumidores y reduce los riesgos de inseguridad…, pienso que los argumentos en contra no resisten. Es un tema de informalidad y de evasión. Mi sospecha es que en muchos casos el rechazo a la inclusión financiera es un rechazo a la transparencia y a formalizar los negocios. Lo único obligatorio por la ley es el pago de remuneraciones, no obliga a utilizar medios electrónicos en comercios: si genera tantos problemas, que no lo hagan, y lo mismo vale para la gente que compra.
La seguridad pública parece uno de los puntos débiles de la campaña del FA: han presentado pocas propuestas.
Es un área en la que hay resultados insatisfactorios, pero se discute mucho y está empezando a haber propuestas concretas. En los gobiernos del FA se han hecho cosas. Hubo una reforma estructural en el Ministerio del Interior, con la incorporación de tecnología, de capacitación policial, de inteligencia y de infraestructura. Hay una mejor percepción ciudadana de la Policía: por eso, una de las cosas que más se escucha es la demanda de la ciudadanía por más presencia policial en las calles. También influyen en esos resultados instatisfactorios las nuevas modalidades delictivas, asociadas a un aterrizaje más llano del crimen organizado, como el narcotráfico.
¿Qué propone en esa materia?
En las políticas de seguridad uno tiene que balancear el ataque a las causas sociales del delito y la represión de la delincuencia. Cuando el FA empezó a gobernar, el enfoque estaba muy desequilibrado, y nos llevó bastante tiempo entender la represión de la delincuencia como la forma de salvaguardar los derechos de la gente. Recién en la última etapa hemos logrado un equilibrio mayor, con los operativos del Ministerio del Interior que dan una señal de mayor firmeza en la represión de la delincuencia. Espero que la profundización de este enfoque dé mejores resultados en materia de reducción de delitos. Otra propuesta que se presentó en la campaña es la de avanzar hacia una reducción sustancial de las armas que hay en manos de ciudadanos. Eso tiene que venir con cambios en el Código Penal; los delitos con armas de fuego tienen que ser mucho más penados, y después de un proceso de transición, en el que se incentive y se compense la devolución de las armas, la tenencia ilegal tiene que ser mucho más penalizada.
Otro aspecto importante de la seguridad son las cárceles.
En materia de privación de libertad también tenemos que hacer autocrítica. El gobierno ha empezado a tomar la dirección correcta al descentralizar los establecimientos de reclusión. Eso tiene un sentido conceptual: el Estado separa la prevención y represión del delito de la rehabilitación. Es necesario que la gente privada de libertad pueda trasladarse, interactuar con otras personas y tener preocupaciones cotidianas de trabajo y de estudio. Si eso no existe, y los reclusos están encerrados más de 20 horas al día, el vínculo en los establecimientos carcelarios es mucho más tenso, y difícilmente los resultados serán buenos. Es un cambio de chip sustancial, que induce a tener políticas de privación de libertad mucho menos pensadas como una represión permanente, y más pensadas como posibilidades de rehabilitación.
Algo que se vincula un poco con ese tema es que en el Congreso del FA se planteó anular el registro de antecedentes penales de adolescentes. ¿Acompaña esa propuesta?
El régimen actual surgió de un largo proceso de negociación multipartidario, y hay que ser cuidadosos con eso desde el punto de vista institucional y político. Soy partidario de que haya juicios abreviados a los menores, como los que se aplican a los adultos, y quizá de bajar los tiempos de prisión preventiva, aunque la utilización judicial de ese recurso ha sido extremadamente prudente. Sólo se recurrió a la prisión preventiva de menores en casos de extrema gravedad, de alarma pública, y contados con los dedos de la mano. El tema de limpiar los antecedentes no afecta directamente a los adolescentes, sino que en todo caso los afecta cuando ya son adultos. El régimen actual registra los antecedentes y los mantiene, sobre todo cuando son de delitos graves o gravísimos, por un plazo de dos años. Tampoco quedan de por vida. Creo que eso no violenta los derechos de los menores. Cuando un menor comete delitos graves y los vuelve a cometer como adulto, ahí es donde aparece la importancia del registro. En ese sentido, el esquema actual no es inconveniente. Erradicar los antecedentes no aporta a la lógica de políticas de prevención de la delincuencia.
¿Qué piensa sobre la decisión del Plenario del FA sobre un “redimensionamiento” de las Fuerzas Armadas (FFAA)?
Esperaba un relacionamiento diferente entre los gobiernos del FA y las FFAA, y pongo como ejes de esa opinión tres cosas. Una razón son los temas de memoria y verdad. Se avanzó: se entró en los cuarteles, se excavó, se encontraron restos de personas desaparecidas y se creó institucionalidad vinculada con los derechos humanos. Pero cuando se solicitó información a las FFAA, estas no la dieron o mintieron. En segundo lugar, está la cuestión de la reforma de la llamada Caja Militar, que tiene un déficit de 450 a 500 millones de dólares, para un colectivo de 19.000 personas. Se aprobó una ley que de reforma no tiene prácticamente nada. El tercer punto es que en 14 años el FA no pudo diseñar y aprobar una nueva ley orgánica militar, que sustituya a la aprobada en 1974 por la dictadura. Hay temas fundamentales para abordar con las FFAA. No las podemos poner en oposición al Estado y al sistema político. Son un ingrediente de la institucionalidad democrática, que necesita, por supuesto, un proceso de reforma como los que se han hecho en otras áreas del Estado. Hay que discutir los roles, las prioridades y la organización de las FFAA, y eso va a condicionar sus dimensiones.