La Secretaría de Comunicación de Presidencia informó ayer que, mediante una sentencia del 6 de marzo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno falló “confirmando in totum la sentencia de primera instancia de la jueza civil de 2º Turno, Beatriz Gómez, y “se acogió la demanda promovida por el Banco Hipotecario del Uruguay [BHU] contra el Grupo Barboni por cobro de pesos y el resarcimiento de los daños y perjuicios”. El fallo “desestima la contrademanda en todos sus aspectos, cuyo monto reclamado al Estado-BHU supera largamente los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con la pretensión del Grupo Barboni contrademandante”, añadió.

El caso viene de mucho tiempo atrás. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti [1985-1990] se decidió que dejaran de correr trenes de pasajeros, y durante el segundo [1995-2000] la Estación Central General Artigas pasó a ser parte de un proyecto edilicio y comercial denominado Plan Fénix, que incluía un hotel cinco estrellas, un centro comercial, complejos de oficinas y edificios de apartamentos en los alrededores. Una sociedad anónima propiedad del BHU licitó los predios en 1999, y el llamado fue ganado por Glenby SA, del empresario Fernando Barboni. Sin embargo, por distintos motivos, Barboni no pudo hacerse de la Estación Central ni comenzar las obras, y en 2013 le inició un juicio al Estado por 1.000 millones de dólares. Barboni perdió ese juicio en primera y segunda instancia, y también fracasó cuando llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia. Pero, en paralelo, entabló una nueva demanda para rescindir el contrato alegando incumplimientos estatales. A su vez, el Estado recuperó en cierta medida la Estación Central por un artículo de la Rendición de Cuentas de 2017, que facultó al Poder Ejecutivo “a solicitar al órgano judicial que entienda en el proceso que se sigue por la concesión de la Estación Central ‘General Artigas’ y en cualquier estado de la causa, la entrega en custodia del bien inmueble objeto del referido proceso, en función de su carácter patrimonial”.

Para Presidencia, los fallos dados a conocer ayer “ratifican la inteligencia de la sentencia definitiva emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 15 de octubre de 2015, también unánime, que dispuso rechazar la acción de nulidad promovida por el Grupo Barboni contra la resolución del Directorio del BHU de 2012, por la que se disponía la resolución administrativa de todos los contratos de obra que entonces mantenía con el BHU el Grupo Barboni –cercanos a un tercio del conjunto de obras en marcha entonces en el BHU (años 2001-2002)–, por causa imputable al incumplimiento del grupo contratista”. Concluye destacando que “la monolítica posición de los tribunales y sedes actuantes comprueba el estricto apego del Estado-BHU, por el cumplimiento de las reglas de derecho vigentes, en línea con el derecho a la certeza y seguridad jurídica”.

La decisión del Tribunal de Apelaciones modifica una situación que se mantuvo desde que el Ejecutivo logró la custodia de la Estación Central pero siguió impedido de hacer nada con ella, hasta que se resolviera sobre la contrademanda. De hecho, esto fue la base de una de las objeciones planteadas cuando el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dio a conocer, a mediados de febrero, un anteproyecto para instalar en el predio un complejo dedicado a la innovación digital y el desarrollo de emprendimientos tecnológicos.