La Asamblea General de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) decidió ayer mantener la medida de “control obrero” sobre MontevideoGas, a pesar de que la Justicia prohibió a los trabajadores “obstaculizar el ingreso y egreso de otros trabajadores e integrantes de la empresa al lugar donde se desarrollan las tareas”, dice la sentencia del juez Hugo Rundie.

El dirigente de Uaoegas, Alejandro Acosta, dijo a la diaria que el sindicato no tiene la intensión de desacatar el fallo, pero lo que quiere es “defender lo que es válido”. “Este juez resolvió que pesa más la propiedad privada que el servicio público y el trabajo”, opinó, y agregó que las condiciones que motivaron la iniciativa no cambiaron. La empresa tiene la intención de despedir a 37 funcionarios de distintas áreas. Hasta ahora sólo una persona había sido despedida, pero 20 están en seguro de paro.

La sentencia de Rundie dice que los funcionarios deberán “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”. El documento afirma que la medida “atenta contra los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente”.

El sindicato había solicitado al juez que fuera el Poder Judicial el que “obligara” a Petrobras a negociar conforme a la propuesta que formuló el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el 3 de abril de este año. Rundie calificó este pedido de “manifiestamente absurdo”. “En los tiempos que corren parece por demás obvio que ninguna persona (física o jurídica) puede ser obligada a negociar y menos aun imponerle ciertas condiciones en desmedro de sus intereses”, dice el documento.

El MTSS había propuesto crear una comisión bipartita para el análisis de la reestructura de la empresa y que se reintegre a los trabajadores cuyo seguro de paro termina el 1º de mayo.

Sandra González, abogada de Petrobras, dijo a la diaria que no conocía la resolución de la Asamblea de Uaoegas, por lo que declinó hacer declaraciones al respecto, aunque advirtió que el desacato de los fallos judiciales tiene consecuencias.