“Sin cambios”. Así resumió el senador nacionalista Javier García la postura de la oposición sobre la eventual votación de la venia del pase a retiro de cuatro generales que integraron tribunales de honor para José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira. García, que preside la comisión, dijo que no van a votar la iniciativa hasta tener “aclaradas” sus dudas acerca de si realmente es necesario que haya venia del Senado, o si el presidente de la República puede disponer por sí solo los retiros forzosos.

“Nosotros vamos a dar los pasos correctamente, de acuerdo al derecho”, sostuvo García, y alegó que para ello es “indispensable” citar al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y también a los generales que “protagonizaron” los tribunales. El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, adelantó que no va a autorizarlos a presentarse ante la comisión: “Los generales que están en actividad dependen de mí, y yo he transmitido a los comandos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea que no quiero ningún tipo de declaraciones políticas de los comandantes ni de los militares, así que esa figurita es difícil”, dijo el ministro, según publicó El Observador.

La oposición plantea que la decisión de pasar a retiro a los generales es privativa del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución, donde dice que podrá “destituir por sí los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles”. El oficialismo invoca la Ley 19.189, aprobada en 2014, que indica que el pase a retiro obligatorio de un general (con excepción del comandante en jefe) requiere la autorización de tres quintos de los integrantes del Senado.

En diálogo con la diaria, Bayardi relató que esa ley fue el resultado de la modificación de un artículo de la Ley Orgánica Militar de 1974, en la que la dictadura dispuso que la destitución de oficiales superiores fuera potestad de la Junta de Comandantes. El artículo 192 de esa norma tenía un último inciso, el G, que “fue un invento para barrer” a los oficiales que se oponían a la dictadura y a los que no se podía dar de baja, explicó el ministro. Con la vuelta de la democracia se eliminó ese inciso G, y la Ley 19.189 agregó en su lugar el que requiere la venia del Senado.

El Partido Nacional votó en contra de esta ley, y García (que en aquel momento era diputado) consideró “muy peligroso” el artículo sobre la destitución de oficiales generales, pero no por el requisito de venia, sino por entender que le daba al Ejecutivo “el arma de ejercer la eventual destitución de un grado de oficial general, sin expresión fundada clara, precisa”. Sostuvo además que esto podía “tener algún tipo de derivación en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, con una politización y una partidización absolutamente censurables y rechazables”.

Bayardi apuntó que el Ejecutivo debía cumplir con el requisito legal vigente de pedir venia al Senado para el pase a retiro de los generales, dado que “toda ley se presume constitucional hasta que haya un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia [SCJ] en sentido contrario”.

El senador frenteamplista Rubén Martínez Huelmo coincidió en que la ley debe aplicarse si la SCJ no dispone otra cosa, y señaló que García, para “avalar su tesis”, también se propone convocar a la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. “Necesitamos los votos de la oposición para aprobar las venias. Si no acompañan, tendrán que fundamentar jurídicamente por qué no lo hacen, y hasta ahora García no ha podido hacerlo”, afirmó.