Un documento escrito hace 40 años a mano o con máquina de escribir puede ser en principio indescifrable, pero (casi) todo puede superarse utilizando la tecnología, la percepción y el conocimiento de muchas personas. De esta base parte el proyecto “Leyendo Unidos para Interpretar loS Archivos” (LUISA), cuyo acrónimo homenajea a una referente en la lucha por verdad y justicia en Uruguay, Luisa Cuesta. La iniciativa se enmarca en un proyecto que desarrollan las facultades de Ingeniería (Fing) y de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República, junto con la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, para procesar los documentos contenidos en el archivo Berrutti, hallado en dependencias militares en 2006, y la documentación digitalizada del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Según explicó a la diaria uno de los responsables de la iniciativa, el periodista y docente de la FIC Samuel Blixen, aproximadamente 40% de los documentos más antiguos de los archivos, anteriores a 1978, son hoy total o parcialmente ilegibles.

Gregory Randall, docente que participa en el proyecto por la Fing, explicó que desde el punto de vista tecnológico el procedimiento de la plataforma LUISA es relativamente sencillo: cada foto de un documento se divide en bloques que corresponden a palabras y a fragmentos de palabras, se asignan aleatoriamente bloques para que la gente mire la imagen y escriba lo que ve, se combinan las respuestas y se va armando poco a poco el puzle. Una vez que se completa una serie de documentos, se cargan otros; hay millones de páginas por transcribir. “Hemos hecho un piloto y funciona muy bien, por el momento para volúmenes pequeños de documentos”, explicó Randall.

El éxito de la iniciativa radica en la cantidad de personas que ingresen a la plataforma y transcriban los textos que se les presentan. La plataforma tiene mecanismos para evitar boicots o ataques cibernéticos, y se irá corrigiendo con el uso.

Randall destacó que la tecnología de la plataforma, desarrollada por tres integrantes de la Fing, la puede usar cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de registrarse. Pero más allá de lo tecnológico, resaltó la importancia política e histórica del proyecto, que apunta a romper el silencio y a descubrir la verdad sobre lo sucedido durante la dictadura.

El docente de la Fing consideró que la forma en que el país ha abordado el tema de la dictadura y los derechos humanos “ha dejado mucho que desear”. “Ha habido una política de impunidad y ocultamiento sistemático de los crímenes de la dictadura, y las instituciones del Estado y los ciudadanos tenemos el deber de ver la forma de colaborar para resolver este problema. Desde Ingeniería vimos la oportunidad de colaborar para que archivos que hoy son difícilmente escrutables, con este tipo de herramientas y alguna otra, puedan ser explotables y analizables”, explicó Randall. Añadió que en los archivos hay mucha información y que cruzando datos puede ser posible “quebrar la omertà que ha protegido a los criminales y que ha impedido esclarecer la verdad”. Los archivos arrojan luz sobre cómo funcionaba el sistema represivo de la dictadura, pero también podrían ser un aporte para las causas judiciales y para los familiares en la búsqueda de la verdad sobre sus seres queridos.

Randall remarcó que se debe contribuir a “esclarecer los horrores” de esa etapa porque “ese mismo reflejo represivo y esa mentalidad están vivas hoy en las Fuerzas Armadas, como se ha visto en los últimos días”. “LUISA va a permitir que muchísima gente joven que no vivió en esos años, al hacer ese ejercicio de entrar en contacto personal con los documentos, de ver con sus propios ojos un acta de interrogatorio, un informe policial, se sensibilice con esas cosas y despierte su curiosidad por enterarse más”, apuntó el docente.

La presentación de LUISA será el lunes a las 18.00 en el Paraninfo de la Universidad de la República.

La sociedad de la delación

LUISA forma parte de un proyecto de investigación que ya llegó a conclusiones relevantes y novedosas sobre el pasado reciente. Por ejemplo, a mediados del año pasado se presentó en la FIC un informe sobre el espionaje llevado a cabo por militares en la campaña del referéndum contra la ley de caducidad, en 1989. En los últimos meses, docentes y estudiantes de la FIC y la Fing, con la colaboración de Familiares, terminaron de definir un sistema para clasificar los millones de documentos contenidos en los tres archivos mencionados.

Según explicó a la diaria Nilo Patiño, de Familiares, los documentos se clasifican en función de distintos parámetros: año, unidad militar, nombres, tipo de documento, firmas. Al clasificar los documentos, se pueden cruzar datos. “Antes, para saber lo que se decía de alguien, o lo que hizo Fulano, tenías que recorrerte los tres millones de documentos. Ahora, nosotros muy rápidamente podemos determinar que para determinado tema existen 20 documentos. Eso es fabuloso”, destacó Blixen.

Por el momento, el criterio que maneja el equipo de investigación es que si una persona se acerca a preguntar algo determinado, se le informa en qué rollo está la información que busca, y la persona debe solicitarlo al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que también tiene en su poder el archivo Berrutti y el del Fusna. “Ahora, en algún momento habrá que decidir, si están funcionando el banco de datos y el cruzamiento automático, en qué medida no puede ser abierto. Nuestra aspiración es que sí. En este momento no se puede hacer porque recién estamos alimentando el banco de datos, pero nuestro criterio es que esto tiene que estar abierto a todo el mundo”, señaló Blixen.

Una de las conclusiones a las que llegó el equipo de investigación es que la inteligencia jugó un rol central en la represión. Hubo organismos que tuvieron un protagonismo muy grande y que son prácticamente desconocidos, como por ejemplo la Compañía de Contra Información del Ejército. En la década de 1980, por ejemplo, esa dependencia y la Armada intentaron impulsar la creación de sindicatos que iban a estar digitados por los militares. El Servicio de Información de Defensa (SID) también tuvo un protagonismo clave en la dictadura; por ejemplo, designaba a todos los militares que integraban los organismos del Estado, que a su vez respondían al SID.

En segundo lugar, de la investigación surge que “nada se hacía por voluntad propia y que nada se escondía”, explicó Blixen. “La forma de funcionamiento de la dictadura era que vos actuabas por orden, y vos te referías a tu autoridad superior. Entonces, si Julio Castro fue enterrado en el batallón 14, el comandante del 14 no podía no estar enterado”, agregó el docente. Consideró que lo que se conoció en los últimos días es la confirmación de esto. “Va [José] Gavazzo a un Tribunal de Honor, dice ‘Maté a Fulano’, pero dice ‘Se lo comuniqué al jefe de mi unidad’. Y el jefe fue a hablar con [el general Esteban] Cristi. O sea, toda la cadena de mando estaba enterada. ¿Qué se deduce de eso? Que cuando vos decís que Gavazzo mató a [Roberto] Gomensoro, no sólo fue Gavazzo, está el jefe de la unidad, y está Cristi. Y nunca se avanzó en la responsabilidad de los mandos. Y lo que te confirma la información que está en estos rollos es que siempre hay una responsabilidad de los mandos, los mandos están siempre enterados”, y cuando no lo estaban, “se armaba un lío bárbaro”. Blixen contó el caso de un Tribunal de Honor que se le hizo al coronel Ernesto Ramas, “precisamente porque quiso chantajear a un narcotraficante sin autorización de su superior, y cuando se enteran le dan por la cabeza, no permiten que eso pase”.

Pero de los documentos no se deriva sólo la responsabilidad de los militares: los archivos revelan un sistema de delación que involucró a gran parte de la sociedad. “Todavía no empezamos, pero un proyecto de investigación es la forma en que los militares promovieron la delación a nivel general. Y es brutal. El cúmulo de episodios te demuestra que todo funcionaba en base a delación. Vos tenés infinidad de resoluciones de categoría C que empiezan en la denuncia de Fulano que hizo la señora del barrio”, contó Blixen. La delación estaba motivada por distintos objetivos, no siempre ideológicos: a veces la persona quería el cargo que ocupaba el delatado, o perseguía un móvil económico. “Eso está documentado, y la gente ni siquiera lo sabe”, acotó Blixen. En el sistema educativo “espiaban todo”, incluyendo lo que decían los profesores, añadió Patiño.

El grupo de investigación aspira a que la población, los jueces y el gobierno le den uso a la información que se está transcribiendo y clasificando. “El problema es qué se hace con esa información, porque puede ocurrir que tengas un volumen muy grande y después nadie te dé pelota. Lo máximo que podemos hacer nosotros es consignar los hechos. Después tiene que haber un juez, una oficina que investigue. El Poder Ejecutivo incluso podría investigar. Nosotros llegamos hasta ahí. De repente, la gran frustración es que podemos conseguir un volumen impresionante de información sensible que te podría dar respuestas y que nadie las pida”, concluyó Blixen.