Diputados del FA consideran que comercios están “lucrando” con la venta de bolsas plásticas

El 1º de abril de este año, los comercios de todo el país empezaron a cobrar el uso de las bolsas de plástico. La decisión de adelantar la medida la tomaron el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU). La idea fue “evitar la falta de stock en los establecimientos, comprobar los procedimientos y a su vez desestimular su uso por parte de los clientes”.

La aplicación de la Ley 19.655, aprobada por el Parlamento en agosto del año pasado, no conforma a todo el Frente Amplio (FA). Según la norma, la fecha límite para la entrega de bolsas plásticas comunes es el 30 de junio; a partir de ese día deberán ser biodegradables o compostables. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estima el costo de este tipo de bolsas en entre 2,5 y tres pesos, y la ley dice que los comercios podrán cobrarlas hasta a 0,82 unidades indexadas (lo que al día de hoy serían 3,40 pesos uruguayos). Sin embargo, en la actualidad las bolsas se están comercializando por hasta cuatro pesos. Además, los comercios se quedan con la ganancia, ya que cada bolsa les cuesta entre 0,30 y 0,50 pesos. El año pasado, el sector Ir, del Frente Amplio (FA), presentó un proyecto de ley para que la ganancia por la venta de las bolsas no quedara en manos de los supermercados, sino que fuera a parar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Dinama, pero el proyecto nunca fue tratado.

El diputado del FA Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular, MPP), miembro de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la cámara, dijo a la diaria que si bien los representantes de la comisión eran afines a modificar el proyecto que venía del Senado, los senadores del FA no estaban de acuerdo con gravar a las bolsas con el Impuesto Específico Interno, como proponía Ir. “Había cierta resistencia porque podía ser visto como un nuevo impuesto. Nosotros siempre lo leímos como que se trataba de una tasa para destinarla específicamente a una tarea educativa”, pero “cuando fuimos a acordar con los compañeros que están en el Senado no lo llevaron. Hubo una resistencia bastante fuerte, no había ambiente para ir por ese camino”, comentó Rodríguez.

Sobre el destino del dinero, el representante dijo: “Actualmente, y en el futuro, la ganancia siempre se la van a quedar los supermercados”. De todas formas, aclaró que una vez que lleguen las nuevas bolsas, previstas por la ley, la ganancia será mínima, debido a su costo y a los límites que establece la ley respecto de su venta. “Los comercios deberán ofrecer la bolsa certificada por la Dinama y tendrá un costo muy cercano a los cuatro pesos; prácticamente no habría ganancia”, comentó.

Para Rodríguez, “en este momento los supermercados están lucrando”. El diputado espera que la gente no compre las bolsas, porque “si lo siguen haciendo, esta ley no sirve para un carajo”. El legislador dijo que espera que la Cámara de Senadores apruebe la ley de gestión integral de residuos para empezar a cobrar tributos a los generadores de basura.

En tanto, Ir insistirá en que se apruebe la modificación de la ley para que la ganancia por el cobro de las bolsas se destine a la Dinama y a ANEP. El sector estima que se pueden recaudar 20 millones de dólares el primer año de aplicación de la ley, según dijo el diputado suplente Alejandro Zavala. “Se supone que los comerciantes tienen que usar ese dinero para hacer campañas de bien público, pero la ley no dice cuánto tienen [que gastar] ni los detalles de la campaña”, afirmó. Para Zavala, esta campaña también podría transformarse en publicidad, ya que no habrá control del Estado. El integrante de Ir dijo que los reparos de los senadores “no tienen mucho sentido” y “tienen más que ver con la oportunidad política”. Sostuvo que, a pesar de que no se trata de un impuesto, la gente lo vive de la misma manera, ya que “el supermercado dice que cobra la bolsa porque es el gobierno el que lo obliga, y después la plata se la quedan los privados”. “Es como regalar 20 millones de dólares a las grandes superficies”, afirmó.