Cuando el coronel Jorge Pajarito Silveira compareció por segunda vez ante el Tribunal de Honor del Ejército, el 13 de junio del año pasado, parte de su relato fue que no existió un Plan Cóndor con el objetivo de la “persecución de la gente, matarla y todo”. Lo que hubo, dijo, fue el “Sistema Cóndor”, que era “legal” y fue creado para el “intercambio de información” entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay, a fin de “contrarrestar el trabajo de la Junta Coordinadora Revolucionaria [JCR, integrada por organizaciones político-militares de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay], que tenía una fuerza de la gran flauta y que pensaba hacer atentados por todos lados”.

Estas declaraciones de Silveira chocaban contra numerosos documentos hallados en América Latina o desclasificados por Estados Unidos en las últimas décadas, en los que consta que el Cóndor, coordinación entre aparatos represivos latinoamericanos, tuvo desde su comienzo, en 1972, la finalidad de capturar y matar a “enemigos”, que no eran sólo los integrantes de grupos guerrilleros, y que en su marco se perpetraron numerosas desapariciones forzadas. Por el Plan Cóndor, además, se lleva adelante desde hace años un juicio en Roma, promovido por representantes de víctimas que tenían nacionalidad italiana. En ese juicio, que está actualmente en fase de apelación, fueron condenadas en primera instancia ocho personas, entre ellas, el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.

Como si esto fuera poco, nuevos documentos desclasificados estadounidenses, que fueron entregados el viernes al ministro de Defensa de Argentina, Germán Garavano, no sólo ratifican la existencia del Plan Cóndor y sus propósitos, sino que también indican que en su marco se reunieron en Santiago de Chile, en mayo de 1976, los jefes de Policía de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para crear una unidad especial conjunta, denominada Teseo, con la tarea de asesinar a izquierdistas latinoamericanos allí donde se los ubicara. Esa unidad contaría con una sede central en Argentina, equipos de inteligencia, equipos operativos y equipos de reserva.

Según se indica en los documentos, el procedimiento para decidir los homicidios era que el representante de cada país presentara “el objetivo de su elección en la forma de una propuesta” y que la selección entre las propuestas se realizara “mediante votación y sobre la base de una mayoría simple”.

El acuerdo firmado en esa ocasión, al que tuvo acceso la CIA, estableció que el gobierno dictatorial de cada uno de los países participantes debía aportar inicialmente 10.000 dólares para un fondo común (con el que se reponía lo gastado después de cada operación) y una cuota mensual de 200 dólares, para financiar los costos operativos de las misiones en el marco de ese plan, estimados en “3.500 dólares por persona para diez días, con un monto adicional de 1.000 dólares la primera vez para el pago de ropa” en el país donde se realizara el asesinato político, además de “armas y municiones, explosivos y accesorios, documentación” falsa, “equipos electrónicos, equipos de comunicaciones y otros”.

En aquel momento, según los documentos desclasificados, las autoridades de la CIA expresaron su preocupación porque el Plan Cóndor tenía planes de asesinar a los integrantes de la JCR, y temían que esto tuviera “ramificaciones políticas adversas” para el propio organismo de inteligencia estadounidense si este era acusado de participar en la organización de los homicidios.