“Hoy es un día muy especial. Venimos a presentar el primer contrato de un sector político de esta campaña”. Esas fueron las primeras palabras del precandidato Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, en Kibón Avanza, en la presentación de su programa de gobierno, atravesado por el término “shock”. Plantea “cinco shocks”, empezando por el “de austeridad”. Se afirma que los gobiernos del Frente Amplio “fueron los más ricos de la historia del país”, pero que “año tras año gastaron más de lo recaudado”, y así “fueron acumulando déficits que se convirtieron en deuda”. Lacalle plantea que “hay que equilibrar el barco, pero sin pasarles la cuenta a los ciudadanos”, ya que “si les pidiéramos, sólo agravaríamos los problemas”.

Entre las acciones que propone está la creación de una “regla fiscal” (“una condición que un país tiene que cumplir en relación con su recaudación y/o gasto”): “La regla se hace para evitar que el gobierno gaste más de lo que tiene y lo que puede. Es algo tan simple como lo que aplicamos todos los meses en nuestras casas. A ninguna familia responsable se le ocurre gastar en forma desenfrenada y tener que endeudarse todos los años por montos cada vez más grandes”, se sostiene en el programa. Tras fijar “una meta de balance estructural”, en cada período se calcularía el déficit fiscal que correspondería “si la economía estuviera en su producto potencial”, y se lo compararía con esa meta, para corregir “el balance efectivo/nominal”.

También se plantea un “plan de detección de oportunidades de ahorro”, ya que los técnicos de Lacalle Pou entienden que es posible “mejorar la calidad del gasto generando economías genuinas, controlando el gasto indebido y aumentando la eficiencia en ciertas áreas de la actividad pública”. Señalan que, con los datos de la Rendición de Cuentas 2017 y los disponibles de las empresas públicas, identificaron oportunidades de ahorro “en el entorno de los 900 millones de dólares anuales”, sin afectar “en ningún caso las partidas destinadas a los programas sociales y sus beneficiarios”. Como adelanto de esto, se indica que en 2017 hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos “por todo concepto”, y que “si no se cubriera anualmente 21% de estas vacantes”, se generaría “un ahorro de 100 millones de dólares por año”, excluyendo de esta propuesta “el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior [MI]”. También se sostiene que es posible ahorrar “132 millones de dólares al año” en “servicios no personales” (los “contratos de servicios que se ejecutan con especificaciones que muchas veces no reflejan las reales necesidades del servicio”).

Además, se subraya que “casi 40%” (348 millones de dólares al año) del ahorro que proyectaron corresponde a una gestión “más eficiente” de las empresas públicas, sin afectar “su normal funcionamiento dentro del estricto cumplimiento de sus cometidos y competencias, y sin incluir cambios estructurales en sus negocios relevantes”. “Se trata de una estimación muy conservadora, que considera básicamente la adopción de decisiones orientadas al ahorro en materia de gasto en publicidad, la eliminación de tercerizaciones duplicadas, la racionalización de actividades y la eliminación de gastos duplicados y superfluos”, se agrega.

El “shock de competitividad” incluye, entre otras cosas, la “apertura al mercado de capitales”. “Sin afectar el control por parte del Estado”, se proponen “recurrir al mercado de capitales, abriendo parte del capital de algunas empresas subsidiarias [asociándolas con privados] y el financiamiento de nuevas inversiones”. “Además de aportar financiamiento, esta apertura contribuirá a la transparencia y al control de la gestión”, se asegura. También proponen “abrir un porcentaje significativo del capital de algunas de las empresas subsidiarias, sin perder el control por parte de la empresa madre”. En el marco de la política energética se plantea la “separación del negocio principal de ANCAP de las subsidiarias” y la “reestructura de las que están en problemas”, además de la “desregulación de la importación, distribución y comercialización de combustible, liberándola gradualmente a la competencia”.

En el contexto del “shock de seguridad”, que apunta a “recuperar la convivencia”, se plantea, entre otras acciones, la implementación de un “Sistema de Gestión de la Calidad” en el MI y en la Policía Nacional, “con explicitación anual de objetivos y definición de indicadores medibles, que aseguren la evaluación de resultados y el cumplimiento de las metas”. Sumado a la realización de “encuestas permanentes a la población”, con el fin de “hacer un seguimiento sistemático de sus necesidades, expectativas y niveles de satisfacción”, y “proporcionar insumos para la adopción de acciones correctivas”.

En el marco jurídico, se plantea, entre otras cosas, que para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, “toda vez que sean mayores de 15 años y menores de 18”, se duplique el actual período máximo de privación de libertad, llevándolo a diez años. También la “conservación de los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos”, de modo que, “si volvieran a cometer cualquier delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios”.