“Tomo la palabra luego de seis años de juicio, un juicio complejo y importante, aunque estamos divididos por un océano y por el largo tiempo transcurrido desde los hechos que estamos juzgando. Ese tiempo y ese espacio están destinados a desaparecer si, a través de un camino argumentado y lógico, logro llevar a este tribunal la realidad de los hechos que siguen teniendo vigencia en América Latina”. Con esas palabras abrió su alegato final el abogado Andrea Speranzoni, representante del Estado uruguayo en el juicio de apelación por el Plan Cóndor que se está desarrollando en Roma, cuyo fallo esta previsto para el 8 de julio.

La exposición de Speranzoni se extendió por mas de dos horas. Luego de contextualizar los hechos y de comparar este juicio con otros realizados luego de la Segunda Guerra Mundial (los juicios de Nürenberg a criminales nazis y los de los tribunales penales para casos en la ex Yugoslavia y en Ruanda), se centró en el enfoque del “nunca más”, planteado luego del holocausto judío y luego retomado en América Latina, décadas después de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras cívico-militares.

Su argumentación tuvo un enfoque cronológico; destacó el 11 de setiembre de 1973, día del golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende, como un hito fundamental que “llevó a los golpistas a implementar un sistema, el Plan Cóndor, de intercambio de información y cooperación”. Destacó la utilización sistemática de los aparatos estatales por parte de quienes cometen el tipo de crímenes llamados, precisamente, “terrorismo de Estado”, e introdujo la categoría de crímenes de indiferencia, forjada por el ex magistrado francés Antoine Garapon para referirse a la inhumanidad de quienes los perpetran.

Al respecto, citó dos fallos de tribunales argentinos sobre el terrorismo de Estado y el plan sistemático que identificó a “los niños como botín de guerra, en el momento mas alto de cosificación de las víctimas”. Un lugar extremo para llevar a cabo esa cosificación fueron los centros de detención clandestina y tortura: “edificios anónimos en contextos urbanos que ocultaron lo indecible” y que por la descripción de las víctimas hacen pensar en las imágenes del infierno que pintó Hieronymus Bosch, señaló el abogado.

Speranzoni analizó la nueva documentación y pruebas aportadas en el juicio de apelación, y las vinculó con el material probatorio previo. “El esfuerzo de esta defensa es el de cruzar diferentes documentos provenientes de varias fuentes, sobre todo militares, con testimonios, legajos de los imputados y fichas de las víctimas desaparecidas”, lo cual representa “una verdadera mina de información y nos revela el plan premeditado de destrucción tejido por los imputados”, sostuvo.

Speranzoni señaló que ese plan empezó “con un seguimiento constante a los miembros del Partido de la Victoria del Pueblo [PVP] y de los Grupos de Accion Unificadora, hasta proceder a su captura y aniquilamiento. Particularmente escalofriante es leer que los organismos de inteligencia tenían datos extremadamente sensibles de las víctimas y de sus familias: encontramos hasta las fechas de nacimientos de sus hijos. Podemos con certeza decir que las familias de las víctimas fueron espiadas en sus actividades de denuncia y de pedido de verdad y justicia”, afirmó.

En ese análisis, el abogado se centró particularmente en el papel de Jorge Néstor Tróccoli. Describió su carrera en los servicios de inteligencia, su relación con el capitán de navío retirado Juan Carlos Larcebeau y cómo ambos intercambiaban sus roles en el cuerpo de fusileros navales (Fusna). Expuso que las fechas de sus viajes a Argentina coinciden con las operaciones de secuestro y asesinato juzgadas, y de qué modo actuaron en la Escuela Mecánica de la Armada argentina (Esma) en 1978 y en 1979, cuando Tróccoli fue oficial de enlace con Argentina.

También analizó las responsabilidades de los otros acusados en aquel momento, y el papel de mando que tuvo José Nino Gavazzo, quien “actuaba como jefe de la operación Cóndor en Uruguay en 1976, durante los secuestros de miembros del PVP, junto con todo su equipo de criminales del Servicio de Información de Defensa”.

“Este tramo del juicio nos dio la posibilidad de presentar nuevas pruebas que incriminan severamente la responsabilidad de los imputados que habían sido absueltos”, dijo a la diaria Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia. “Acá en Italia hicimos todo lo posible para lograr una sentencia de condena, y para señalar a los responsables de este Plan Cóndor que generó mucho sufrimiento a los uruguayos”, afirmó.

Otro de los que intervino en la audiencia fue Giancarlo Maniga, abogado de Aurora Meloni –viuda a su vez de Daniel Banfi, una de las víctimas uruguayas–. En su alegato, planteó una detallada reconstrucción de las causas políticas y económicas que llevaron a América Latina a las dictaduras cívico-militares. Otro de los abogados de familiares de víctimas, Nicola Brigida, comparó los delitos de los imputados con los que cometen las mafias, y realizó un análisis jurídico de las figuras delictivas que podrían ser utilizadas para lograr una condena en esta segunda instancia.

La próxima audiencia está convocada para el 21 de junio, a las 9.30 de Roma.