La Junta Departamental de San José aprobó el lunes enviar a la Justicia y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) los resultados de la actuación de la Comisión Investigadora que trató supuestas irregularidades en los convenios suscritos entre la comuna y la empresa fúnebre propiedad del diputado del Partido Nacional (PN) Ruben Bacigalupe (Todos, lista 50). El informe en mayoría, firmado por los ediles del Frente Amplio (FA) Pablo García y Ana Gabriela Fernández y por la edila del PN Susana Gásperi (Alianza por San José), fue acompañado por los 11 ediles del FA y seis del PN.

El objetivo general de la comisión fue “analizar si la Intendencia de San José [ISJ] actuó con desviación, omisión de control, abuso o exceso de poder en su relación con las empresas fúnebres que operan en el departamento de San José”, dice el informe. El texto asegura que tanto la empresa de Bacigalupe como Previsora Etchemendy suscribieron convenios para el pago de deudas entre 2014 y 2018. La primera llegó a deber 2.761.030 pesos, y la segunda 1.306.619 pesos. La comisión llegó a la conclusión de que la ISJ incurrió en “una práctica inexplicable en no iniciar acciones legales contra los deudores de estos tributos [...] lo que contradice principios elementales de probidad, rectitud”.

El intendente, el nacionalista José Luis Falero (Sumate, Todos), electo por primera vez en 2010 y reelecto en 2015, dijo a la diaria que los convenios con las funerarias son normales para todos los que deben tributos, y aseguró que las conclusiones de la comisión fueron enviadas a la Justicia porque los ediles no pudieron probar el incumplimiento de ninguna norma. “Es un operativo político en un momento particular. Me queda la tranquilidad de que se va a hacer justicia”, dijo el jerarca. Falero declaró que ese operativo también ocurre dentro del PN, ya que “en esta época electoral algunos actores políticos se prestan a eso”.

En un pasaje del informe en mayoría, los ediles aseguran que la ISJ respondió “de forma incompleta y tardía” los informes, algo que “quitó agilidad y posibilidad de mayor esclarecimiento de los hechos”. Falero negó esta acusación y dijo que la comuna respondió todos los pedidos y aseguró que las tardanzas se debieron a que algunos de los documentos solicitados no estaban digitalizados.

Gásperi dijo a la diaria que encontraron razones para suponer que “hubo un trato preferencial” con Bacigalupe, y por eso el caso fue enviado a la Justicia. Además, aseguró que también se envió el informe a la Jutep porque creen que no es correcto que la comuna haya contratado a la funeraria de Bacigalupe cuando el diputado era director de Deporte de la ISJ.

La comisión también constató irregularidades en el control de las empresas por parte de los jerarcas municipales; destacó como de “particular relevancia” lo relacionado con la empresa Marcio Colacho, del sobrino de Bacigalupe, “pues no sólo facturó sin estar habilitada, sino que aceptó que la totalidad del dinero generado por sus servicios de traslados de cuerpos sea destinado al pago a cuenta de la obligación de la empresa de nombre fantasía ‘San José’”, propiedad de Bacigalupe, dice el documento.

Fernández, edila del FA, aseguró a la diaria que el contador de la ISJ dijo que ambas empresas eran tomadas como un grupo económico. Según el informe, “estas actuaciones podrían constituir un claro ejemplo de apartamiento de las normas públicas que deben guiar la probidad y transparencia de la administración pública, dando lugar a un eventual abuso de funciones”.