La Justicia Penal archivó la denuncia penal que había hecho la Dirección General Impositiva (DGI) contra al edil de Maldonado Rodrigo Blas (Partido Nacional, PN), quien fuera candidato a intendente de ese departamento por Todos, del sector de Luis Lacalle Pou, y presidente de la Junta Departamental fernandina. Blas había sido denunciado por la DGI en 2014 por el delito de defraudación tributaria.

El miércoles pasado el fiscal en Crimen Organizado, Luis Pacheco, había pedido el archivo, a pesar de que consideró que los hechos encuadraban en la figura delictiva, y ayer la jueza Dolores Sánchez hizo lugar al pedido.

En 2014 la DGI acusó a Blas y a seis personas más de haber hecho una maniobra de evasión de impuestos a través de la inmobiliaria propiedad del edil nacionalista, Blas Propiedades.

La operación consistía en vender unos terrenos en Valle di Saronno, propiedad de la empresa Javipark SA, y tributar por un precio menor al que figuraba en las escrituras de compraventa.

El pedido de Pacheco se basó en la Instrucción General Nº 11 de la Fiscalía General de la Nación (FGN), que dice que “no corresponde continuar con la tramitación de los expedientes” en los que los acusados sean primarios y el delito que se instruye pudiera tener procesamiento sin prisión, “con excepción de los casos en los cuales existe interés público en la persecución por parte de la FGN”. Pacheco dijo que la instrucción es de aplicación obligatoria y tiene la finalidad de “descongestionar las causas del código viejo”.

“No es que no hubiera elementos para no procesar; al contrario, los elementos estaban, pero iba a ser sin prisión, por lo tanto era obligatorio aplicar al instrucción”, dijo Pacheco a la diaria.

El fiscal aclaró que los delitos de defraudación tributaria no estaban incluidos en los delitos de interés público que la instrucción mandata a continuar. “La semana pasada hubo una modificación y se los incluyó, pero cuando concluyó la investigación la instrucción que estaba vigente era la anterior”.

El fiscal también informó en su dictamen que “se ha acreditado la reparación parcial del daño mediante el pago del total de los tributos adeudados, así como la real posibilidad de cobro de las multas y recargos pendientes a través de las acciones civiles en curso contra la empresa JSA [Javipark SA ]”.

Pacheco dijo que, con el cierre de la causa, los acusados no tendrán antecedentes penales, pero aclaró que se mantienen los juicios civiles y las medidas cautelares que promovió la DGI. Esta entidad había impuesto sanciones por casi dos millones de dólares, cuatro veces el monto de los tributos defraudados, una resolución que ahora está a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Susana Soto, abogada de Blas, dijo a la diaria que se abonaron los tributos “bajo protesta” y se inició una acción de nulidad en el TCA por las multas y recargos. El recurso ingresó hace menos de un mes, por lo que no se espera una resolución en breve.