Como todos los años, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó su informe anual, correspondiente a 2018. El organismo recibió un total de 586 consultas y 169 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. “Hay una primera constatación, y es que el número de denuncias viene bajando”, dijo a la diaria Juan Faroppa, integrante del directorio de la institución. En 2013, cuando esta comenzó a funcionar, se registraron 260 denuncias y 120 consultas. La variación, según explicó Faroppa, se debe a una mayor precisión en la delimitación de las consultas y las denuncias, que acelera su posterior resolución.
Durante el año pasado, el organismo dictó 54 resoluciones con recomendaciones o de constatación de vulneración de derechos dirigidas a varios organismos, entre ellos el Ministerio del Interior, con 12; el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), con ocho; el Ministerio de Salud Pública, la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, con cinco cada uno.
La mayoría de las denuncias recibidas se vincularon con la vulneración del derecho de igualdad y no discriminación (15), y del de la libertad e integridad personal (12). Si bien las denuncias por vulneración de la integridad física se siguen realizando, también se observa en el informe que hay cada vez más denuncias vinculadas con el derecho a la salud, la vivienda o el ambiente, indicó Faroppa. “Eso es muy bueno, porque significa que existe una mayor visibilidad de estos derechos por parte de la población”, comentó.
El encierro y sus consecuencias
“En el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente [INISA] ha habido una notoria disminución del número de internos, y eso es muy positivo”, explicó Wilder Tayler, también integrante del directorio de la INDDHH. En 2014, el número de adolescentes privados de libertad llegaba a 1.007, mientras que en 2018 fue 604. Se destaca que algunos centros han adoptado un enfoque socioeducativo “bastante marcado”, pero en los de alta seguridad subsisten problemas importantes, señaló Tayler: “Viven períodos de encierro extremadamente largos, hay malas condiciones edilicias y muchos intentos de autoeliminación”.
“En la gran mayoría de los centros de INISA la privación de libertad sigue siendo violatoria de derechos, especialmente en los establecimientos de máxima contención. Ciertamente, siguen predominando prácticas de control, con consecuencias tales como encierro compulsivo, actividades insuficientes [y] naturalización de la violencia (simbólica y real). Esta impronta condiciona, cuando no obtura, toda otra posibilidad educativa con esta población”, se sostiene en el informe.
Según información proporcionada por el INISA al organismo, en 2017 se registraron 87 intentos de autoeliminación. De ese total, 51 se dieron en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación, que ha sido observado por los “niveles de vulnerabilidad a los que expone a los jóvenes”, nueve en el Complejo Belloni y diez en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino. Hasta julio de 2018 hubo 70 intentos de autoeliminación y tres suicidios en los centros de reclusión adolescente.
En cuanto al sistema de privación de libertad para adultos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que funciona en el ámbito de la INDDHH, priorizó el monitoreo de las unidades penitenciarias en función del “riesgo de tortura” y de los tratos inhumanos y degradantes. En la Unidad Nº 7, ex Cárcel de Canelones, se recomienda “el cierre inmediato de los tres calabozos de seguridad del Módulo 2 y el realojo de las personas en espacios que garanticen condiciones de vida dignas”.
Otro de los centros penitenciarios visitado fue la Unidad 4 (ex Comcar). El MNP recomienda la “urgente limpieza y fumigación del sector, dadas las condiciones inaceptables de higiene; urgente reparación de las instalaciones sanitarias a fin de evitar pérdidas e inundaciones de los sectores”, la planificación del proceso de cierre del módulo y estrategias para la preparación del egreso.
Otros focos
El MNP jerarquizó el año pasado otras dos líneas de acción: el monitoreo de los problemas de la atención a la población en situación de discapacidad en centros de protección de 24 horas, y los déficit de la atención en salud mental en la niñez y la adolescencia.
A partir de esos trabajos, plantea la necesidad de que se contrate a personal capacitado y “sensibilizado en la atención a personas con discapacidad, de modo de prevenir situaciones de negligencia, mala praxis y eventuales malos tratos”. Se recomienda avanzar en materia de garantías para el ejercicio del derecho a la educación, y estimular la inclusión laboral, social y comunitaria. Tayler explicó a la diaria que muchas veces un niño con discapacidad ingresa al INAU y continúa allí hasta que tiene 25 años. “El INAU queda atrapado en una función de prestador de salud que no tiene”, aseveró.
También se realizaron varias visitas a centros de salud mental que atienden a niñas, niños y adolescentes. El organismo verificó que se llevan adelante internaciones prolongadas, y señala que eso “vulnera múltiples derechos”. Tayler contó que las clínicas no prevén actividades ni recreación, e incluso que muchas veces no brindan implementos personales básicos a las personas internadas.