Ayer, el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga presentó un documento llamado “Reforma del Estado a los efectos de combatir la corrupción y el despilfarro” en el Palacio Legislativo. Lo acompañaron los abogados Juan Andrés Ramírez y Carlos Delpiazzo –ambos colaboradores en la redacción de los 14 puntos que integran el documento– y los diputados nacionalistas Jorge Gandini y Pablo Abdala.
El senador comenzó su discurso asegurando que “la corrupción y el despilfarro son los padres de la desconfianza republicana” y que “el desorden económico y financiero es consecuencia de la falta de apego a la norma jurídica”. Luego tomó la palabra Ramírez, ex ministro del Interior (1990-1993), quien se limitó a hacer una “brevísima introducción” sobre cómo debería funcionar el Estado, para luego comparar con lo que, a su juicio, ocurre en la actualidad: “Con los años han aparecido yuyos, distorsiones del sistema”, aseveró, y puso como ejemplo la existencia de 41 personas públicas no estatales y 100 sociedades anónimas que no están incluidas en algunas regulaciones y que provocan, por ejemplo, que “haya jerarcas que cobren salarios absolutamente desmedidos”. El objetivo del documento, añadió, es “volver las aguas a su cauce”.
A su turno, Delpiazzo, ex ministro de Salud Pública (1991-1992), dijo que el país ha avanzado mucho en lo que respecta a la represión del delito de corrupción “en términos de tipificar delitos y configurar faltas”, pero que “no se ha preocupado tanto por la prevención”. El abogado advirtió que “cuando se dispone de mucho dinero y no hay control” crece la tentación. “Algunos, quizá más fuertes en su honorabilidad y personalidad, superarán esas tentaciones. Otros no”, afirmó.
Delpiazzo apuntó que las medidas eran “muy sencillas”. Con esta propuesta, se busca “prohibir” a los directores de las empresas privadas de derecho público participar en actividades políticas, obligar a publicar la declaración jurada patrimonial de los directores de estas empresas y dar a conocer “todas las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas” a cualquier “entidad estatal, sociedad anónima de capital estatal o persona pública no estatal”.
Finalmente, afirmó que “en síntesis, de lo que se trata es de pensar en un conjunto de medidas preventivas” y de implementar un “régimen ágil, eficiente, moderno, de control” para que no haya “ni un solo peso del fondo público que no esté adecuadamente controlado y que no haya ningún individuo de la especie humana vinculado al aparato estatal que no esté sometido al control que corresponda”.
Aguas desbordadas
Ayer, el semanario Búsqueda dio a conocer que el precandidato nacionalista Juan Sartori figuraba en varios documentos manejados por la empresa Union Agriculture Group (UAG), de la que fue presidente de su directorio hasta 2018, como egresado de la Universidad de Harvard, cuando tan sólo cursó dos semestres como estudiante visitante.
La noticia le valió las críticas del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, quien dijo a Radio Monte Carlo que lamenta lo sucedido, pero que “es bueno saberlo antes de que al Partido Nacional le pase lo mismo que al Frente Amplio con [Raúl] Sendic”, acotó. El jerarca departamental afirmó que Sartori no es “nada capaz”, y puso en duda la veracidad de las encuestas que lo posicionan en segundo lugar.
Al final la conferencia, Gandini dijo a la diaria que por el momento es “sólo una noticia”. El diputado tomó distancia de las declaraciones del intendente de Cerro Largo y afirmó que no se puede comparar el caso de Sartori con el de Sendic. El diputado dijo que si bien la ética siempre debe ser importante, afirmó que en el momento de los hechos Sartori no ostentaba ningún cargo público, por lo que no puede comparárselo con el ex vicepresidente.