La jueza María Noel Odriozola decidió a las 19.30 de ayer formalizar por violencia privada a Mónica Sosa, líder de la banda Los Chingas (que actuaba en Casavalle) y recientemente egresada del sistema penitenciario, donde cumplió una condena por usurpación de vivienda.

Durante una audiencia en el Juzgado de 45º Turno, la fiscal Mónica Ferrero presentó las pruebas en las que se basaba el pedido de formalización, y entre ellas tuvieron especial importancia registros de escuchas telefónicas. Estas comenzaron en febrero, a raíz de la compra por parte de Sosa de una propiedad en la Unidad Misiones, como supo más tarde la diaria por declaraciones del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. En las conversaciones grabadas, Sosa exigía que varias personas retiraran acusaciones contra ella que la vinculaban con un homicidio imputado a su consuegro. La fiscalía sostuvo que la mujer “actuó con conciencia y voluntad” al realizar amenazas en esas charlas telefónicas, y la jueza aceptó sus argumentos a la luz de la prueba.

Sobre el final de la audiencia, Ferrero solicitó la ejecución de medidas cautelares con el fin de evitar riesgos procesales, ya que falta tomar declaraciones y concluir el análisis de los teléfonos incautados. La defensa presentó descargos, alegando que aunque efectivamente “existirían riesgos procesales”, estos están “vinculados con la investigación de homicidio, que lleva otra fiscalía”, pero Odriozola también le dio la razón en esto a la fiscal, no hizo lugar a un pedido de prisión domiciliaria y dictaminó que Sosa debe cumplir prisión preventiva durante 60 días.

“Bueno, entonces ahora hay que empezar a denunciar”, dijo Sosa cuando se retiraba de la audiencia. Leal hizo pie en eso al dar declaraciones posteriores, en las que destacó la importancia de este caso, en el marco del nuevo Código del Proceso Penal: “Sí, es verdad, señora, hay que empezar a denunciar, y hay que confiar en la Justicia. Si las personas denuncian, aquí se hace justicia”, afirmó.

“Aquí hubo una investigación de la policía nacional y de la fiscalía de primer nivel, que además aunó, gracias al nuevo código, a dos fiscales, y se pudo cruzar evidencias contundentes”, concluyó el jerarca.

El homicidio mencionado se enmarca, según las autoridades, en un intento de reorganizar a Los Chingas. El consuegro de Sosa es acusado de haber atacado con un arma de fuego a dos personas, matando a una e hiriendo de diez balazos a la otra. Leal indicó que las víctimas habían cumplido penas largas y “querían cambiar de estilo de vida”. En los registros de conversaciones, uno de los hijos de Sosa le pide a ella que recupere rápidamente un arma; se presume que podría ser la usada en el homicidio.