El precandidato oficialista Daniel Martínez participó este martes en una charla del ciclo Impulsá el desarrollo, organizado por su comando de campaña. En esta oportunidad, el ex intendente de Montevideo centró su discurso en una eventual reforma del Estado.
Martínez destacó que los “grandes desafíos” que se propone “con el nuevo impulso” exigen un “nuevo Estado que esté a la altura del desafío”. Mencionó que muchos cuestionan que el Estado es “demasiado grande” y que es necesario achicarlo. No obstante, precisó que con un Estado “débil” los beneficiados “siempre” son los “más poderosos”, ya que los “más vulnerados” quedan desprotegidos y sin oportunidades de acceder al “bienestar”. “Achicar al Estado como consigna es por lo tanto un posicionamiento ideológico, que claramente no comparto”, enfatizó.
De todos modos, planteó que tampoco sirve tener un Estado grande si no se resuelven los “problemas de la gente”. “Estoy convencido de que no hay nada más de izquierda que la gestión pública; si el Estado es el escudo para los más débiles, gestionar con eficacia es un imperativo ético; y como los gobiernos siempre cuentan con recursos escasos, gestionar con eficiencia es la garantía de que podremos resolver las necesidades de más personas y más colectivos”, afirmó. Para ello, dijo, se propone desarrollar un “Estado inteligente”.
También planteó que es necesario trabajar en varios “pilares”, entre ellos, promover la gestión estratégica del Estado, la regulación y control de los servicios, promover la transparencia y ética pública y tener un Estado al servicio de la sociedad. Para ello, propuso cinco acciones principales: una Ley de Planificación y Resultados del sector público, desarrollar un armado presupuestal por proyectos, impulsar un Sistema Nacional de Gestión de Proyectos que involucre a todos los ministerios y los diversos organismos dependientes de la administración central, y potenciar las capacidades de evaluación del Estado, para que se pueda monitorear si se están alcanzando “las metas previstas”.
Respecto de la ética pública, el precandidato propuso diseñar un Sistema Nacional de Prevención de la Corrupción. Eso, según detalló, implica dotar de mayor presupuesto a la Junta de Transparencia y Ética Pública y ampliar “las declaraciones juradas de patrimonio y de conflictos de interés para un número mayor de cargos de confianza, incluyendo familiares, y realizando un seguimiento luego de la salida del cargo público”. Además, propuso ajustar la legislación sobre las tipificaciones de “delitos de corrupción”, tomando como referencia las normativas internacionales.