Las consecuencias de la ola de frío polar no tardaron en llegar al Parlamento. La semana pasada murieron un hombre de 67 años en Pando y otro de 59 años en Montevideo a causa del frío. “El invierno recién empieza”, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala, que consideró “urgente” tratar el tema de las personas en situación de calle. “Cada vez hay más gente viviendo en la calle”, agregó, haciendo referencia al último relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que contabilizó 2.038 personas en esa situación.
Abdala no está de acuerdo con la aplicación de la ley de faltas para paliar la situación “porque eso es ir por el lado de la criminalización”, pero sí con la aplicar la Ley 18.787, de internación involuntaria, para evitar muertes. Dicha norma prevé que cualquier persona que se encuentre en situación de intemperie y con riesgo de muerte sea asistida aun en contra de su voluntad, “sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.
A diferencia de lo que pide Abdala, la Intendencia de Canelones (IC) sí decidió recurrir a la ley de faltas (19.120) para evitar futuras pérdidas, pero la Justicia no hizo lugar al pedido. Esta ley establece normas que castigan a quien “ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos”, en cuyo caso los infractores serían trasladados a una dependencia del Mides.
En tanto, el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), integrado por personas en situación de calle, expresó su repudio ante ambos caminos y rechazó “todo intento de internación compulsiva”, porque a su entender resulta una forma encubierta de “criminalización de la pobreza” e “invisibilización” de su situación.
Abdala apuntó que el Mides “ha sido renuente” a aplicar la Ley 18.787, ya que “si en este caso la hubiera aplicado, evidentemente no estaríamos lamentando estas dos pérdidas”. Afirmó que, de estar en el lugar de la ministra, Marina Arismendi, a quien citó el lunes para tratar el tema, hubiese acudido “rápidamente y no esperar a que la comisión la convocara”. A su vez, el legislador se mostró en desacuerdo con el actual funcionamiento de los refugios y cree que ese tema también debería discutirse durante la comparecencia de la ministra. Estos establecimientos cierran sus puertas en determinados horarios, sin permitir que entren o salgan las personas que lo necesiten: “Eso sí creo que es criminalizar a las personas que viven en la calle, porque sí restringe la libertad”.
Actualmente el Mides viene ejecutando su Plan Invierno, que, desde el 15 de mayo al 31 de octubre, brinda asistencia a personas que viven a la intemperie, con 2.070 plazas en todo el país. Además, la IC está construyendo un residencial en Las Piedras y un centro de atención para personas con adicciones. Como el residencial todavía no está funcionando, se abrió uno de forma temporal durante la última ola de frío.