La Cámara de Senadores aprobará este martes la reforma de la Ley Orgánica Militar. La iniciativa, que cuenta con media sanción de la cámara baja, tendrá el apoyo del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente (PI). En tanto, el Partido Nacional y el Partido Colorado ya han anunciado que no respaldarán el proyecto.

La senadora frenteamplista Patricia Ayala comentó a la diaria que esta reforma abarca a las tres fuerzas militares y explicó que, una vez que entre en vigencia, cada fuerza tendrá un plazo de dos años para enviar su propio proyecto de ley al Parlamento. Estas iniciativas se discutirán en el próximo período de gobierno, agregó la legisladora.

La Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores no introdujo ninguna modificación a la iniciativa, por lo que se votará con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados. Entre los principales cambios que los legisladores oficialistas le hicieron a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, se destaca la reducción de la cantidad de coroneles (189 a 130) y generales (16 a 12) del Ejército. En tanto, la Armada Nacional quedará con siete almirantes y 76 capitanes de navío y la Fuerza Aérea con seis generales y 45 coroneles.

Otro punto destacado por la legisladora es la eliminación de los Tribunales de Honor. El proyecto de ley establece que en su lugar se instalarán los Tribunales de Ética y Conducta Militar, que tienen como “exclusivo cometido juzgar la conducta desde el punto de vista ético-moral” y deberán emitir sus fallos en un plazo de 180 días. Además, destacó que se deroga totalmente la doctrina de la seguridad nacional y que se establece que ningún militar que esté bajo el mando del personal superior tiene que “ampararse en la obediencia” si eso implica violar los derechos humanos.

Ayala también se refirió a la regulación de la contratación del personal subalterno. En el artículo 61 se establece que los contratos pueden ser anuales o de un máximo de dos años. Además, el proyecto establece que, luego de transcurridos diez años ininterrumpidos desde el ingreso de un funcionario, el contrato se renovará automáticamente, “no pudiendo ser cesado ni dado de baja”. “Esto les va a dar a muchos una estabilidad laboral que hoy no tienen”, señaló Ayala, y explicó que actualmente la ley no prevé esta posibilidad.

En tanto, el senador nacionalista Javier García fue crítico con la iniciativa y con la forma en la que se trató el tema en la cámara alta. “Me parece que deberían ser leyes institucionales no partidarias”, apuntó. “El FA quiso que fuera sólo con los votos del FA, y las Fuerzas Armadas no son de un gobierno, son del país”, agregó. Por su parte, el senador colorado Germán Coutinho aseguró que su partido no apoyará la iniciativa y propondrá sustitutivos.

García agregó que el FA “decidió hacer [el proyecto] sin la participación de los demás partidos políticos y, por lo tanto, primó una visión de un prejuicio institucional y político de las Fuerzas Armadas”. El legislador cuestionó que uno de sus puntos medulares sea la reducción de los generales, ya que entiende que termina siendo “como un remate”. “La primera pregunta que uno debe contestar es cuáles son las Fuerzas Armadas que necesita el país. Y esa pregunta no se discutió en virtud de la necesidad, se discutió en virtud de los prejuicios”.

También acotó que este proyecto de ley es un “golpe muy duro” para el personal subalterno, porque se “abre la puerta para la eliminación de políticas sociales como la asistencia alimentaria, que se llevaron adelante para sostener a los soldados, los funcionarios más pobres de esta administración”. El Servicio de Cantinas Militares, según establece la página oficial del Ejército, depende del Comando de Apoyo Logístico del Ejército y tiene como objetivo proporcionar artículos de primera necesidad, pasajes, equipos y uniformes de uso reglamentario, entre otros, al personal militar.

Ayala, en cambio, puntualizó que la intención no es eliminar las llamadas “cantinas militares”, sino darles un marco regulatorio. Agregó que el proyecto prevé, por medio del artículo 26, que el Poder Ejecutivo, “con carácter excepcional y por razones de interés general, autorice “la realización de actividades que permitan atender las necesidades básicas del personal del Ministerio de Defensa Nacional”. “Las cantinas no van a ser eliminadas, no van a desaparecer: tienen muchísimos años de funcionamiento. La iniciativa va a permitir institucionalizarlas y darles un marco legal”, explicó.

El senador del PI, Pablo Mieres, confirmó que la iniciativa será apoyada por su partido en la votación en general. Iván Posada, que ingresará como senador suplente del PI en el Plenario, aseguró que va a votar el proyecto porque es evidente que las Fuerzas Armadas se habían “sobredimensionado” durante la dictadura. Sin embargo, expresó que su partido tiene reparos y mencionó que ni el Poder Ejecutivo ni el FA previeron el “impacto” que puede tener la reducción del personal militar”. “Nos parece que una reducción de este tipo tiene que hacerse gradualmente para no afectar los derechos adquiridos”, expresó.