Ayer de tarde, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para hablar de los controles del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), conocido como “El Guardián”.

A la salida del encuentro, el ministro dijo que la semana que viene el MI enviará la información solicitada por la SCJ, correspondiente a las escuchas telefónicas pedidas por los jueces durante 2017, 2018 y 2019. Bonomi aseguró que el problema “está en el control de lo que se entrega”, porque los datos del MI se tienen que cruzar con los de las telefónicas y, según el jerarca, el convenio con las empresas no se concretó, por lo que no entregaron los datos. La lista que entregará el ministerio debería coincidir con las intervenciones hechas por las empresas telefónicas para que sean consideradas legales.

El ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo que el jueves 25 de julio convocará a las empresas prestadoras de servicios para “ver cuáles son los obstáculos que algunas de sus [divisiones] jurídicas han planteado”. Según Chediak, las tres operadoras –Antel, Movistar y Claro– señalaron que no estaban en condiciones de dar esa información al MI. “Si nos enfrentáramos a obstáculos insalvables por parte de las prestadoras, analizamos la posibilidad de enviar algún proyecto de ley que contemple esta situación”, explicó.

A su vez, Bonomi anunció que se cambiará el memorando para que sea la SCJ y no el MI la que trate con las telefónicas. El artículo 10 de dicho memorando dice que “el MI instrumentará un Convenio entre dicha Cartera, el Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y las Operadoras de Telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminada por cada Magistrado”.

Problemas burocráticos

La semana pasada hubo un ida y vuelta entre Bonomi y la SCJ porque el ministro aseguró que los informes no habían sido enviados porque la Justicia no había designado a una persona para recibirlos. La SCJ desmintió al ministro mediante un comunicado y dijo que el 8 de mayo de 2017 asignó para esa tarea a su secretario letrado, doctor Gustavo Nicastro. Según el acuerdo firmado en 2015 por el MI, la SCJ y la Fiscalía, el ministerio debía enviar cada tres meses la información cuantitativa sobre las escuchas a partir de diciembre de 2017, pero esto nunca sucedió, reveló un informe del programa Todas las voces, de Canal 4.

“Cuando declaré el otro día, cometí un error”, admitió el ministro Bonomi. Explicó que el pedido de la SCJ fue por vía administrativa y que no llegó ni a él ni al director de la Policía Nacional. En tanto, Chediak sostuvo que la demora se debió a “problemas burocráticos internos”. Por su parte, el ministro de la SCJ dijo que si se encuentran diferencias entre la lista del MI y la de las interceptaciones de las telefónicas, se hará la denuncia penal correspondiente.

Bonomi aprovechó la ocasión para volver a defender a El Guardián y afirmó que es “un sistema que no admite filtraciones, es legal, es un activo del país y hay que defenderlo”. Además, aseguró varias veces que las interceptaciones no son posibles sin la autorización judicial. “Ahora lo han puesto en duda nuevamente quienes siembran ese problema que no es real, porque para que la [compañía] telefónica intercepte un teléfono se lo tiene que haber indicado un juez con su firma electrónica”, aseguró, y reiteró varias veces que esa firma “es la llave de aceptación”.

Sin embargo, Chediak dijo que la SCJ no vio a El Guardián funcionando. “Nuestros técnicos no han podido ver de primera mano su funcionamiento. El supuesto en el que nos basamos es que cada uno de los intervinientes necesita una firma electrónica”, comentó.

El Observador informó ayer que desde el 21 de diciembre de 2017 hasta ahora se hicieron 10.100 escuchas.

Al Parlamento

Bonomi asistirá hoy a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para dar explicaciones sobre la falta de informes, convocado por el senador del Partido Nacional (PN) Javier García. El nacionalista dijo ayer a la diaria que hasta ahora “no se instrumentaron los controles que son las garantías para que no haya intervenciones fuera de la ley, sin permiso de un juez. La SCJ confirmó que no había recibido los informes estipulados en el memorando”.

García les restó importancia a las declaraciones del senador del Frente Amplio Charles Carrera, quien se desempeñó como director general de Secretaría del MI cuando se puso en marcha el sistema. Dijo que “lo que le importa son las garantías que tengan los ciudadanos de que no se violenten lo derechos humanos y la privacidad de las personas por razones políticas, personales o de las que fuera”.

Carrera había dicho a la diaria que no entendía qué buscaba el senador, porque “por algunos momentos parece que está de lado del crimen organizado, del narcotráfico y de la delincuencia”.