La Fiscalía General de la Nación presentó el lunes un informe sobre la actualización de los principales indicadores del sistema penal acusatorio. El documento fue elaborado entre noviembre de 2017 y mayo de 2019 por el Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía.

Uno de los datos más relevantes que arroja el informe es que, si se toma como punto de partida las 9.854 personas privadas de libertad existentes en mayo de 2015 hasta diciembre de 2016, se aprecia un período de crecimiento lento pero casi constante de 0,4% personas promedio por mes.

En mayo de 2015, el número de personas privadas de libertad era de 9.854, mientras que en mayo de 2019 la cifra alcanzó las 11.009. En abril de 2017, se alcanzó un pico histórico de 11.253 privados de libertad, cifra que se mantuvo estable hasta julio de 2017. En agosto de ese año comenzó una tendencia a la reducción, que se aceleró hasta junio de 2018, cuando se alcanzaron las 9.906 personas privadas de libertad. El informe remarca que durante los primeros nueve meses de implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) la cifra siguió bajando.

El documento también plantea modificaciones en los indicadores sobre imputaciones y condenas obtenidas por mes, en el marco de la aplicación del CPP. Los números arrojados por el informe sólo incluyen las imputaciones alcanzadas en causas que han sido investigadas bajo el nuevo CPP, es decir, posterior a noviembre de 2017.

La evolución de las imputaciones se puede contemplar desde la contabilización de denuncias que derivan en una investigación formalizada o teniendo en cuenta la cantidad de personas que hayan sido imputadas por la investigación. Se aprecia que en enero de 2019 la cantidad de denuncias con investigación formalizada se mantuvo por encima de 1.000, teniendo en cuenta que en ese mes tiene lugar la mayor feria judicial. Se observa también que el promedio mensual de denuncias con imputados pasó de 851 en el primer semestre de 2018 a 1.168 en el segundo semestre de 2018, finalizando en 1.294 en el período entre enero y mayo de 2019.

Por otra parte, los hurtos siguen siendo el delito más frecuente, alcanzando aproximadamente 45% del total de denuncias registradas cada año. Las rapiñas representan 10% de las denuncias registradas, pero el informe especifica que estas implican “un componente de violencia que las vuelve muy significativas para la víctima y su entorno”. A su vez, se afirma que la cifra de imputaciones por denuncias de estos dos delitos sigue en aumento. Otro de los datos que presenta el informe es que, según estimaciones realizadas por el equipo técnico de la Fiscalía, la duración promedio de un juicio oral en 2018 fue de 4,5 meses, entre la formalización y la sentencia, a lo que hay que agregar el tiempo de investigación previo a la formalización.

Además, se destaca que el juicio abreviado es la forma más frecuente de resolución de los conflictos penales, creciendo levemente de 70,2% a 71,1% en los dos períodos analizados: de noviembre de 2017 a mayo de 2018 y de noviembre de 2018 a mayo de este año.

El segundo mecanismo más utilizado fue la suspensión condicional del proceso, que se aplica a delitos menos graves, “siempre y cuando el imputado no esté cumpliendo condena o suspensión condicional por otro delito”, y supone que la persona imputada debe “cumplir medidas de reparación a las víctimas y recibir sanciones alternativas a la privación de libertad”. Según el informe, la utilización de la suspensión condicional del proceso cayó significativamente, de 21,8% a 15,1%, entre los períodos analizados por la Fiscalía.