La empresa finlandesa UPM confirmó ayer la instalación de su segunda planta de celulosa. Como se preveía, estará en el norte del departamento de Durazno, a orillas del río Negro, cerca la localidad de Pueblo Centenario. La inversión, que será de 2.700 millones de dólares, llega después de más de tres años de negociación con el gobierno uruguayo, y es la mayor inversión extranjera en la historia del país.
En conferencia de prensa, el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo de UPM en Uruguay, Petri Hakanen, destacó que el negocio se concretó gracias a la experiencia de Fray Bentos y explicó que, además de la planta, se invertirán 350 millones de dólares en actividades portuarias y en soluciones habitacionales en la zona en la que se localizará la fábrica.
Las obras se iniciarán en la segunda mitad de 2022, pero el dragado en el puerto de Montevideo empezará “de manera inmediata”, dijo Hakanen. Se planifica una terminal de celulosa en el puerto de Montevideo, lo que, a su vez, supondrá una inversión de 280 millones de dólares, agregó el ejecutivo de la empresa.
A fines de 2017 el gobierno y la firma finlandesa habían firmado un acuerdo en el que Uruguay se comprometía a cumplir con ciertas condiciones para que UPM se instalara. Una de las condiciones era invertir en infraestructura –para eso se empezó la construcción del Ferrocarril Central–, y la otra tenía que ver con las condiciones laborales. La empresa exigía un convenio para la prevención de conflictos, uno de los aspectos que despertarón más polémica.
El 15 de julio de este año, el Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que se homologan los acuerdos firmados en 2017. El texto dice que se respetará el documento que establece los “Mecanismos de prevención y solución de conflictos” firmado el 7 de noviembre de 2017 con la empresa, y ratifica el Acuerdo Marco alcanzado junto con el PIT-CNT, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Cámara Metalúrgica del Uruguay en setiembre de ese año.
Ayer, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo a la diaria que el Acuerdo Marco de 2017 fue firmado y luego rechazado por las cámaras. “Nosotros no le vamos a dar un tratamiento especial a UPM con respecto a las otras empresas, porque no sería lógico ni justo, pero la responsabilidad de la negativa de la prevención de conflictos no se le puede atribuir al PIT-CNT”, aseguró. En tanto, sostuvo que la negociación colectiva, contemplada en el acuerdo entre la empresa y UPM, se va a negociar “cuando haya trabajadores en la empresa”.
Óscar Andrade, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y ex precandidato por el Frente Amplio (FA), aseguró a la diaria que la planta es un emprendimiento importante que “de forma circunstancial” contribuye a la generación de puestos de trabajo en una zona que “tiene dificultades”. Andrade reiteró su posición crítica sobre el acuerdo de 2017 porque “se termina consolidando un esquema que tiene pocas posibilidades de prosperar”. “Al no haber llegado a un acuerdo tripartito en materia de prevención de conflicto, lo que el gobierno resuelva por decreto nos parece que tiene poco alcance. Establecer por decreto un ámbito de negociación tripartito no funciona porque quienes van a dar la forma de negociación son los trabajadores”, sostuvo. Además se preguntó quién va a asumir la representación de los trabajadores que todavía no existen.
En tanto, Pereira admitió que es importante para el país la cantidad de empleos que se crearán, pero llamó la atención sobre la falta de proveedores uruguayos de materiales para la construcción. “Entiendo que no van a poder cubrir el 100% de la demanda, pero cubrir una parte debería ser un objetivo, eso construye puestos de trabajo de calidad. Hay empresarios que se quedan discutiendo la fantasía de las ocupaciones, cuando en realidad hay que discutir el desarrollo y cómo protegemos el medioambiente”, sostuvo.
Por su parte, el Poder Ejecutivo decidió abrir una oficina de la Inspección General del Trabajo y de la Dirección Nacional del Trabajo en el lugar en el que se hará la planta.
Candidatos
Los candidatos de los distintos partidos hablaron ayer sobre la inversión. Daniel Martínez, del Frente Amplio, dijo en rueda de prensa que UPM tendrá “un impacto favorable en la economía del país”, algo que implica “un montón de desafíos” como “diversificación productiva e intercambio tecnológico”. “No tengo ninguna duda de que con cualquier gobierno esto hubiera salido adelante, siempre en estas inversiones se negocia”, comentó.
Por su parte, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) reiteró que el proceso de negociación no fue transparente, pero dijo que, de acceder al gobierno, respetará los contratos firmados “por respeto a la institucionalidad”. “Nos alegramos de la instalación de este emprendimiento, creemos que el gobierno uruguayo no supo representar los intereses de todos los habitantes del país entregando demasiado a cambio”, dijo a Subrayado.
Ernesto Talvi, del Partido Colorado, coincidió en que el gobierno “negoció a puertas cerradas” y dijo que espera que el contrato pueda ser analizado por los partidos y la sociedad civil. Talvi coincidió con Lacalle Pou en la necesidad de respetar los acuerdos, porque “el país no se reinventa cada cinco años”.
Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo a la diaria que la obra es una buena noticia y una demostración para la región de la seriedad de Uruguay. “Se presenta una imagen que ayuda a defender el grado inversor”, dijo. No obstante, coincidió con los candidatos opositores en que el gobierno “negoció mal” y no hubo intercambio con el resto del sistema político. “No se dialogó y se ocultó información”, afirmó.
Por su parte, el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, envió una carta a la empresa informando que de acceder al gobierno revisará los términos del contrato.
A su vez, el Movimimiento por un Uruguay Sustentable emitió un comunicado en el que anunció que acudirá “a todos los recursos legales disponibles y la más amplia movilización social para que las consecuencias negativas de este proyecto no tengan lugar”.