“Todavía un 35% de la población penitenciaria está en unidades de condiciones que implican tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dice el informe anual del sistema carcelario de 2018, del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.
El texto asegura que el hacinamiento bajó gracias a la creación de nuevas plazas y la apertura de nuevas unidades, pero esa realidad continúa en algunas unidades y sectores, como las cárceles de Artigas, Canelones y Tacuarembó, y el ex Comcar. “La creación de nuevas unidades y plazas ha sido una destacable política del período y abre posibilidades de seguir mejorando las actividades sustantivas a realizar”, dice el texto al que accedió la diaria.
Petit señala que la violencia en la convivencia sigue siendo “un factor destructivo en buena parte del sistema”, sobre todo en los grandes penales metropolitanos, “donde se encuentra más de la mitad de la población” carcelaria. El documento dice que la violencia se expresa “con amenazas y chantajes a las familias”, lo que genera “agresiones, venganzas y contra venganzas en un espiral que desborda las posibilidades de alojar internos sin riesgo de su integridad personal”. Muchos de los hechos violentos “no son esclarecidos y a veces ni siquiera debidamente investigados, generando una sombra de impunidad”, dice el informe.
En cuanto a las adicciones, señala que hay una “fortísima relación” con los actos violentos, y que en las cárceles el consumo es “un factor destructivo y generador de nuevos delitos”. El comisionado asegura que si no se atienden las adicciones, “los programas educativos y de rehabilitación, dentro y fuera de la cárcel, naufragarán”. Se estima que “una de cada tres personas que cometen delito lo hacen con vinculación a las drogas o las adicciones”.
Con relación a la salud mental, el informe explica que es clara su incidencia en el “aumento de trayectorias de transgresión y delito”; además, se puntualiza que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llega a 62% de la población, y el resto es cubierto por sanidad policial. Por otra parte, el informe señala que tampoco hay programas de atención y asistencia a la familia de las personas privadas de libertad.
Como un aspecto positivo, se indica que se han consolidado “experiencias innovadoras con buenos resultados” en la Unidad 6 de Punta de Rieles, Durazno, Juan Soler, Campanero, Paso Ataques, Polo Industrial, Salto y Pintado Grande.
También hay un aumento de la presencia de la universidad, tanto en programas y talleres como en el aumento de internos que cursan estudios terciarios. En 2018 la cobertura de educación primaria, secundaria y terciaria fue de 25,5%: “aumentó al menos 4 puntos porcentuales respecto a 2017”, dice el texto. Sin embargo, “cerca del 20% de la población penitenciaria tiene dificultades para leer, escribir o hacer cálculos, lo que limita severamente sus posibilidades de estudio, de empleo, en muy diversas áreas y de progresar como personas”.
39,3% de las personas privadas de libertad lleva a cabo alguna actividad laboral en el mes, pero no se puede determinar la calidad laboral, porque las tareas van desde “la simple fajina, hasta tareas más complejas”, y 71% es trabajo no remunerado.
Algunas de las recomendaciones de Petit son fortalecer la estructura jurídica del Instituto Nacional de Rehabilitación; continuar con la política de construcción de plazas y unidades; crear una Fiscalía Penitenciaria especializada, y un ámbito o consejo “donde participen de manera no vinculante pero activa todos los actores de la política criminal”.